Carlos Navarrete Romero
Chilpancingo, Gro. 25-Noviembre-2019
Luego de que medios de comunicación documentaran el desplazamiento forzado de varias familias, motivado por presiones de grupos delictivos, la Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz analizó la situación seguridad en el municipio de Zirándaro y así como el despliegue que implementó la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y Policía del Estado en ese lugar.
A través de un comunicado, el gobierno del estado dio a conocer que Héctor Astudillo Flores manifestó su disposición de apoyar a la autoridad municipal para mejorar la comunicación y los resultados en materia de seguridad, así como la atención a familias desplazadas.
Se informó también que por acuerdo de la mesa se pedirá a la Comisión de los Derechos Humanos del Estado que realice una valoración de la situación de las familias que se encuentran en situación de desplazamiento.
Durante la mesa, el presidente de la Comisión, Ramón Navarrete Magdaleno, informó que acudirán a Zirándaro para conocer directamente la situación y desarrollar un censo de las familias afectadas.
Además por instrucciones del gobernador se enviarán a Zirándaro apoyos sociales y dos mil despensas para la población que se encuentre en condición de desplazamiento.
Asistieron a la sesión el delegado federal en Guerrero, Pablo Amilcar Sandoval Ballesteros; el comandante de la Novena Región Militar; Juan Manuel Rico Gámez; y el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame.
Igualmente, acudió el Fiscal General del Estado, Jorge Zuriel de los Santos; el secretario de Seguridad Pública, David Portillo Menchaca; y los representantes de la Fiscalía General de la República, Fernando García Fernández; d Centro Nacional de Inteligencia, Juan Gabriel Sosa Pintos; de la Secretaría de Marina; de la Policía Federal; de la Guardia Nacional y de la 35 Zona Militar.
La semana pasada, tanto el gobernador como el secretario general de Gobierno, afirmaron que la situación en Zirándaro era de normalidad, incluso hicieron señalamientos en contra del alcalde, Gregorio Portillo -quien denunció públicamente del desplazamiento de las familias y enfrentamientos entre grupos criminales- asegurando que no había evidencia de lo que él decía.