Redacción/Chilpancingo, Gro
Organizaciones de la sociedad civil exigieron se declare urgentemente la declaratoria de alerta de violencia de género (DAVG) por agravio comparado en el estado de Guerrero.
A través de un comunicado, las organizaciones de la sociedad civil Justicia, Derechos Humanos y Género, señalaron que un año de que fue solicitada la DAVG en el estado de Guerrero, los poderes legislativo y ejecutivo del estado han incumplido las acciones para revertir el contexto de violencia contra las mujeres y niñas.
El documento señala que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) no ha garantizado la coordinación federal y estatal para la implementación de las acciones recomendadas.
Reprocharon que el sistema de salud en Guerrero no garantiza la interrupción del embarazo, incluso en casos de violación, a pesar de la vigencia de la NOM 046, para la atención de victimas de violencia familiar y sexual.
Además de que continúa la falta de capacitación y resistencia de muchos prestadores de servicios de salud, quienes han normalizado la violencia contra las mujeres.
El 30 de mayo de 2019 la CONAVIM notificó a los titulares de los poderes ejecutivo y legislativo y Fiscalía del estado de Guerrero las recomendaciones emitidas por el grupo de trabajo en el Informe de Alerta de Violencia de Género para el Estado de Guerrero por Agravio Comparado, en el que se concluyó que en Guerrero hay un contexto de discriminación, debido al marco jurídico y a la política pública vigentes en materia de Salud Sexual y Reproductiva que transgreden los Derechos Humanos de las mujeres.
Se recomendó al Estado, entre otras cosas, revisar y reformar la legislación relacionada a la interrupción legal del embarazo por causal excluyente de violación, en específico el artículo 159 del Código Penal del estado, y pidió al Poder Ejecutivo coayuvar con el Poder Legislativo para hacer efectiva la propuesta de reforma planteada.
También se recomendó a la Secretaría de Salud del estado, fortalecer el Programa de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género en el estado de Guerrero y extender la cobertura de los servicios de salud que puedan realizar interrupciones del embarazo, procurando la gestión de acuerdos interinstitucionales para mejorar el acceso de las mujeres a los servicios de Interrupción legal del embarazo
(ILE).
Así como la realización de programas de capacitación en la aplicación de la NOM-046, desde el marco de los derechos humanos, con un enfoque de género, diferencial, especializado e intercultural, dirigido a las y los prestadores de servicios de salud, en particular, en los servicios de urgencias y de ginecología y obstetricia.
Las organizaciones reclamaron que a un año de las recomendaciones emitidas, el estado de Guerrero no ha dado cumplimiento.
Sumado a que la CONAVIM no ha garantizado realizar las acciones de coordinación a nivel estatal y federal para revertir este contexto de violencia.
«Su retardo injustificado en solicitar información al estado de Guerrero sobre el cumplimiento de medidas, su omisión de coordinar al Grupo de Trabajo para la revisión del informe del estado y la determinación de la Declaratoria de Alerta por Violencia de Género en su modalidad de Agravio Comparado, pone en riesgo a las mujeres y niñas en el estado de Guerrero, a quienes se les sigue negando el acceso a servicios especializados de salud, como lo es el acceso a la ILE en caso de violación, lo que violenta sus derechos humanos», indica el documento.
Por lo que exigieron se decrete de manera urgente e inmediata la misma, para garantizar la vida, integridad y seguridad de las mujeres guerrerenses.
Indicaron que en 2019, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública contabilizó 345 denuncias por violación, lo que representaría que al menos una mujer fue violada cada día durante el año.
Asimismo señalaron que en octubre de 2019, el INMUJERES reportó que, en México 11 mil niñas menores de 14 años, víctimas de violación, fueron obligadas a parir, al no habérseles garantizado la ILE, siendo los principales agresores los padres, abuelos, tíos, primos y hermanos.
Por lo que durante ese año, se realizaron 29 interrupciones de embarazo de mujeres violadas, en las que de acuerdo a las cifras 9 fueron de niñas entre 13 y 17 años.