Alina Navarrete Fernández/Chilpancingo, Gro.
La magistrada del Tribunal Electoral del Estado (TEE), Alma Delia Eugenio Alcaraz, consideró que se necesita y se debe “retomar el rumbo de un Pacto Federal concebido para promover el desarrollo equitativo de todos los miembros de la Federación”.
En el marco del aniversario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), Alma Delia Eugenio expuso la conferencia virtual “Hacia un nuevo Pacto Federal. ¿Qué reforma electoral se requiere?”, en la que estuvieron presentes el director de la institución, Tonatiuh Astudillo Méndez, y el maestro Hovek Bello Bello.
A lo largo de su ponencia, la magistrada dijo que todas las reformas en materia electoral desde 1994 a la fecha han marcado el contexto político-social en México y Guerrero, donde este año, por primera vez, una mujer llegó a la gubernatura y hay paridad de género en el Congreso del Estado.
Reflexionó: “En este momento, donde la polarización y el debate se encuentran inmersos en casi todas nuestras actividades, se requiere de una nueva postura de la tolerancia y el respeto a quién piensa diferente, deben prevalecer ante todo”.
“Antes se decía que de política, religión y fútbol no se hablara porque se encargaban los ánimos, hoy hasta la decisión mínima queda sujeta a debate en las redes sociales (…) desde mi punto de vista, lo que necesitamos es una cultura cívica informada y sin duda, ahí la facultad de derecho es esencial”.
Con base a su experiencia y trayectoria, Alma Delia Eugenio se declaró convencida de que hay áreas de oportunidad y se tendrán pautas para realizar reformas electorales para el fortalecimiento de los órganos especiales en la materia, particularmente en el ámbito local.
Lo anterior debido a que los organismos electorales locales tienen una “doble visión” pues conocen las necesidades de la región y tienen la visión política social del estado y de las comunidades.
“En mi opinión, debemos transitar hacia las instituciones electorales locales el fortalecimiento, donde es clave garantizar su independencia y su autonomía, razón por la cual se requiere un mecanismo respecto a su régimen institucional organizacional y presupuestación”, dijo.
“Se le deben de regresar funciones vitales” a los órganos electorales locales, pues, por ejemplo el Instituto Nacional Electoral (INE) cuenta con altos estándares en su estructura y administración que tienen un costo “que se traduce en gastos para los organismos electorales locales sin que estos cuenten con presupuesto suficiente”.
Puntualizó que también los tribunales electorales locales “necesitan y requieren del establecimiento de un presupuesto de egresos por parte de los gobiernos, de los estados” suficiente que garantice el cumplimiento adecuado de sus funciones.
Además, se requiere establecer el sistema de responsabilidades que garanticen a las y los juzgadores el respeto a sus derechos de debido proceso, detallando “las conductas que puedan dar lugar a la imposición de medidas disciplinarias, incluida la gravedad de la infracción y el tipo de sanción disciplinaria que se aplicará, así como las autoridades que tendrán a su cargo la sustanciación y resolución”.
En ese sentido, recordó que las magistraturas electorales son nombradas por el Senado y ante la falta de un sistema de responsabilidades, ”las denuncias se encajan pero necesitamos establecer en una ley cuando hacer este procedimiento”, sentenció.