Ángel Galeana/Chilpancingo
El Congreso aprobó una serie de reformas a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero que serán aplicables para el próximo proceso electoral, entre las que se incluyen candidaturas para la comunidad LGBT, personas con discapacidad, métodos de selección para candidaturas indígenas y afromexicanas, y la reestructura orgánica del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.
En dos sesiones realizadas este jueves, siendo el último día para resolver los temas en materia electoral, el Congreso aprobó los dictámenes elaborados por la Comisión de Justicia relativos al cumplimiento de la acción de inconstitucionalidad determinadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a las candidaturas afromexicanas e indígenas, y la observancia a mandatos legales sobre acciones afirmativas.
El primer dictamen fue el referente a las candidaturas indígenas y afromexicanas para ayuntamientos y diputaciones de mayoría relativa, para las cuales el IEPC y el Congreso realizaron una consulta, de la que los diputados tomaron en cuenta una de las propuestas que se hicieron las comunidades.
Las reformas fueron para integrar los artículos 132 TER y 272 TER a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales en los que se establecen los requisitos y condiciones poblacionales para la postulación de candidaturas indígenas y afros en diputaciones de mayoría relativa, es decir, por votación, y los espacios para ayuntamientos. El cambio principal, respecto a lo que ya había aprobado el Congreso en 2020, que fue invalidado por la SCJN, fue que ni el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas ni la Secretaría de Asuntos Indígenas y Afromexicanos están facultadas para emitir constancias a aspirantes de candidaturas que los acredite como integrantes de una comunidad indígena o afro.
El dictamen de la Comisión de Justicia fue votado en contra por la diputada priista Julieta Fernández Márquez y por el morenistas Macedonio Basurto Mendoza, pero solo éste último justificó su voto en contra en tribuna, al señalar que “se reforman leyes que pareciera que hace más fácil nuestra inclusión (indígena y afro), pero a su vez se facilita el hecho de corromper a las autoridades que podrán brindarnos legitimación política para participar en los ejercicios electorales”.
También consideró que hay ambigüedad interpretativa porque no se precisa que para la postulación de candidaturas y registro de fórmulas es que deben ser indígenas, pero en la redacción se establece que sean de “origen indígena”.
“De esta manera, y con todo respeto, cualquier criollo o mestizo puede representar a los indígenas, y eso es una invasión legal a la legitima auto adscripción que realizamos las personas que tenemos la ascendía como tal”, indicó.
El otro dictamen aprobado fue un paquete de 7 iniciativas acumuladas que la Comisión esperó a resolver en un solo dictamen, entre las que se encuentra diversas reformas a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Entre las modificaciones que se realizaron fue que integrantes de la comunidad LGBT podrán acceder a candidaturas para a una diputación local por las vías de representación proporcional y por uno de los 28 distritos. También plantea la armonización de la legislación estatal con la ley 3 de 3 para que personas con sentencias firmes por delitos graves contra las mujeres e incumplimiento de obligaciones alimentarias, no puedan ser candidatas.
Se aprobaron cambios en la estructura del IEPC, dividendo la dirección de Prerrogativas y Organización Electoral en dos, de tal forma que se creará la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos, y la Dirección de Organización Electoral, así como la incorporación del órgano de control interno para que dependa administrativamente de la presidenta del órgano, Luz Fabiola Matildes Gama.
El dictamen aprobado señala que los partidos políticos deberán postular a una persona con discapacidad en las listas de regidurías de cada uno de los ayuntamientos, “preferentemente” propietaria.
Todos los cambios serán aplicables para el próximo proceso electoral que iniciará en septiembre de este año y culminará con la renovación de ayuntamientos así como las diputaciones locales y federales.