Alina Navarrete Fernández/Chilpancingo, Gro.
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) informó que, desde el 2019 a la fecha, 46 defensores indígenas han sido asesinados y desaparecidos en el país; Guerrero está entre los cinco estados con más casos.
En un comunicado emitido por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la ONU-DH reconoció “el valioso legado de las personas indígenas que han sido asesinadas o desaparecidas por ser defensoras de sus derechos, pueblos y comunidades”.
Llamó a las autoridades de los tres niveles de gobierno “a redoblar sus esfuerzos para crear un ambiente seguro para el ejercicio de sus derechos, desde un enfoque preventivo y que garantice la no repetición de actos violatorios en contra de personas defensoras”.
Señaló que, a 75 años de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, “persisten retos importantes para que la plena vigencia de los derechos de los pueblos indígenas sea una realidad”.
De acuerdo con el Representante Adjunto en México de la ONU-DH, Jesús Peña Palacios, en México los pueblos indígenas “enfrentan violencia por parte de diferentes actores, incluidos grupos del crimen organizado, quienes disputan el control de su territorio”.
“En particular, las personas líderes de estos pueblos están más expuestas a represalias o acciones violentas debido a su visibilidad por la defensa de su territorio y modo de vida. Su asesinato o desaparición tiene un efecto amedrentador sobre todo el pueblo indígena, que inhibe y dificulta el ejercicio de sus derechos humanos”.
Desde 2019, la ONU-DH ha registrado al menos 46 casos de personas defensoras indígenas, de las cuales 43 son hombres y 3 mujeres, que fueron asesinadas o desaparecidas “con un posible vínculo con su labor de defensa, lo que constituye casi el 30% de todos los casos de personas defensoras de derechos humanos asesinadas o desaparecidas que ha conocido la ONU-DH México en dicho periodo”. Actualmente ocho de las víctimas continúan desaparecidas.
Resaltó que en 32 de los 46 casos, las personas defensoras indígenas realizaban actividades en la temática ambiental y en 33 casos habían sufrido incidentes previos de seguridad, que fueron denunciados en 10 casos.
En cuanto a la distribución geográfica, “los estados con mayor recurrencia de casos registrados fueron Oaxaca con 20 casos, Chihuahua con 5, Guerrero con 4, Michoacán con 4 y Chiapas con 3”. De los 46 casos conocidos por ONU-DH, solamente en uno se ha emitido una sentencia condenatoria en contra de las personas agresoras.
Para Peña Palacios la impunidad “agrava la discriminación estructural que viven los pueblos indígenas y las dificultades que encuentran en el acceso a la justicia. Una investigación efectiva y de acuerdo con los estándares de debida diligencia, que logre que las personas responsables rindan cuentas ante la justicia, es el más claro mensaje de que estos terribles actos no serán tolerados”.
La ONU-DH puntualizó que en los asesinatos y desapariciones se deben considerar “todas las posibles líneas de investigación, incluida la posible vinculación de los crímenes con las actividades de defensa de derechos humanos que realizaban las víctimas, así como la incorporación efectiva de la perspectiva de género e interculturalidad”.
Finalmente, expresó “su profunda solidaridad con las familias de las personas que continúan desaparecidas y sus más sentidas condolencias a familiares y amistades de las personas asesinadas”.