Ángel Galeana/Chilpancingo
El segundo informe de la Comisión de la Verdad y Acceso a la justicia (Covaj) que investiga el caso Ayotzinapa presidida por el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas dio un golpe político en pleno proceso electoral: confirmó que hubo una «junta de autoridades» en la que participaron diversos funcionarios para crear la llamada «verdad histórica» que presentó el ex procurador de la República, Jesús Murillo Karam en enero del 2015.
El aspirante a jefe de gobierno de la Ciudad de México por Morena, y uno de lo más fuertes contendientes, Omar García Harfuch, participó en la junta de autoridades al igual que el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, quienes lo han negado desde el 2022, cuando se reveló un «cónclave» de autoridades para fraguar la verdad histórica.
Omar García Harfuch era coordinador en Guerrero de la Policía Federal en 2014, aunque desde el 2022, cuando fue mencionado por primera vez en el caso en el llamado «cónclave», ha afirmado que para el 26 y 27 de septiembre de ese año él fungía como Comisionado de la entonces Gendarmería, en Michoacán.
También aparecen en el informe nombres que, se intuye, son el ex presiente Enrique Peña Nieto, el ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, el ex secretario de Marina, Vidal Soberón Sanz, entre otros.
Alejandro Encinas expuso ayer por la mañana el contenido del segundo informe de la Covaj, el cual se había difundido el martes de manera pública por el Gobierno federal. Entre otras cosas, confirma que no hay indicios de que los normalistas desaparecidos estén con vida, que se trató de un crimen de estado, que el grupo delictivo de Guerreros Unidos tenía coptadas a autoridades de los 3 niveles de Gobierno, y que en la creación de la llamada verdad histórica participaron funcionarios del más alto nivel en diversas reuniones que se realizaron en la casa oficial del Poder Ejecutivo, Los Pinos, en el 27 Batallón de Infantería de Iguala, y en las oficinas de la Procuraduría General de la República.
Encinas explicó que el ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio respondió a un cuestionario enviado por la Covaj en el que señaló que la verdad histórica fue una construcción desde el Gobierno federal a partir de lo que se denominó la junta de autoridades.
«Son quienes condujeron y donde se discutió la versión final de la verdad histórica y con el soporte de todas las personas que participaron en las reuniones llevadas en el 27 Batallón de Infantería, y de las cuales tenemos las minutas de esas reuniones del 7 y 8 octubre de 2014 encabezadas por el entonces procurador general de la república, y participaban autoridades estatales, el propio gobernador, el ex procurador, autoriades militares, y distintas corporaciones federales, como la policía federal preventiva, como el Cisen», señaló Encinas.
El funcionario federal dijo que le tocará a la Unidad Especial de la Fiscalía General de la República para el caso Ayotzinapa determinar la probable responsabilidad de todos los funcionarios que participaron en la junta de autoridades, pero subrayó que Jesús Murillo Karam asumió, en sus declaraciones, la responsabilidad personal, política y jurídica de la verdad histórica.
Por otro lado, ante las críticas de los resultados de la Covaj, Encinas defendió con 3 argumentos que su investigación no es similar a la de Murillo Karam. Señaló que, mientras la verdad histórica establece que los normalistas acudieron a Iguala a boicotear el informe de la expresidenta del DIF, María de los Ángeles Pineda Villa, su versión demostró que los estudiantes fueron por autobuses para la marcha del 2 de octubre. El segundo punto que defendió es que la verdad histórica establece que los normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula, mientras que, su informe señaló que no se pudo realizar un incendio por cuestiones metereológicas, y que los 43 normalistas nunca estuvieron juntos después de ser raptados ya que fueron divididos en al menos 3 grupos y, el tercer punto, es que la PGR intentó ligar sólo a autoridades estatales y municipales con Guerreros Unidos, en tanto que, su investigación ha reflejado que estuvieron involucradas autoridades federales y del Ejército.
El segundo informe de la Covaj considera que no hay indicios de que los normalistas desaparecidos estén vivos y, por el contrario, las evidencias apuntan a que fueron asesinados y sus restos desaparecidos.
Alejandro Encinas confirmó que ya no buscan cuerpos en fosas clandestinas, sino «restos calcinados» ante el modo en el que actuó Guerreros Unidos y la identificación de 3 normalistas que se han logrado a través de huesos hallados durante las investigaciones.
Defendió que «no se puede decir» que la investigación del Gobierno federal no ha llegado «a los más altos niveles», toda vez que está preso el ex procurador Jesús Murillo Karam, el ex secretario de Seguridad Pública de Guerrero, Octavio Vázquez Pérez, el ex alcalde de Iguala José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, 14 soldados y 2 mandos del Ejército que son los ex comandantes del 27 y 41 Batallón de Infantería, José Rodríguez Pérez y Rafael Hernández Nieto, respectivamente.
A la fecha han identificado a 434 actores «relevantes» que participaron directa o indirectamente en la desaparición de los normalistas, de los cuales 109 son integrantes de Guerreros Unidos, 35 trabajadores del gobierno estatal, 12 del gobierno municipal, 125 policías municipales, 39 elementos de las fuerzas armadas, 36 del gobierno federal y 78 individuos «que no necesariamente cometieron delitos», sino que colaboraron con la Covaj en calidad de víctimas o sobrevivientes.