Ángel Galeana/Chilpancingo
Integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) protestaron en el Congreso para exigir que los diputados aprueben una reforma indígena y afromexicana que tiene como centro la ley 701 de reconocimientos, derechos y cultura de los pueblos y comunidades indígenas de la entidad
Los manifestantes señalaron que la iniciativa que presentaron en agosto del año pasado tiene como finalidad que haya «respeto a la autonomía» de los pueblos indígenas en sus sistema de seguridad; es decir, que se les permita actuar bajo un marco jurídico en la detención y reeducación de delincuentes en base a los usos y costumbres.
Alrededor de 70 personas de las casas de justicia de Espino Blanco y la casa enlace de justicia de Escalerillas Lagunas San Juan, llegaron al Congreso alrededor de las 10 de la mañana para realizar un mitin y exigir una reunión con diputados.
El coordinador regional de Escalerillas Lagunas San Juan, Vicente Dircio Nava, dijo que exigen que haya respeto a la autonomía de los pueblos comunitarios, toda vez que han sido intimidados por elementos de la Guardia Nacional, del Ejército y de la Policía del Estado, haciéndoles revisiones tanto a los policías comunitarios, mujeres y niños.
En entrevista, dijo que necesitan que se les reconozca su forma de aplicar justicia y seguridad que «claramente conlleva el tipo de armamento» y que se les respete la reeducación que aplican a los delincuentes que son detenidos por la policía comunitaria.
«Necesitamos que se nos reconozca bien en el artículo 14 de la Constitución Política del Estado que desecharon en gobiernos anteriores, y este gobierno hizo caso omiso también», indicó.
En abril del 2022, el Congreso aprobó una nueva Ley de Seguridad Pública estatal, que contempló la integración de un capítulo denominado «Sistema de Seguridad Comunitario Indígena y Afromexicano», derivado de una cosulta que realizó el Congreso por mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En la ley se establece que el sistema de seguridad comunitario indígena y afromexicano, así como su policía, cooperarán en materia de seguridad pública con el sistema estatal en los términos que se establecen en la Constitución del estado, la ley 701, y el código nacional de procedimientos penales, es decir, que las policías comunitarias como la CRAC tendrían que actuar conforme a los establecido en el marco legal, y no bajo los términos de usos y costumbres.
Al respecto, Vicente Dircio, dijo que esa reforma no sirve a los pueblos: «La seguridad comunitaria es del pueblo, nosotros no tenemos porqué coordinarnos con el estado porque si al estado le enviamos a nuestros delincuentes, el día de mañana presentan un recurso de amparo, presentan una fianza, andan libres y haciendo lo mismo, el sistema comunitario no es así, el sistema reeduca».
Cuestionado sobre la capacidad de la CRAC para combatir a la delincuencia organizada, dijo que sí la tienen, pero les falta el marco jurídico para su actuación por el tipo de armamento que requieren, «por lo menos que se nos reconozca y se nos permita armamento de alto poder como dice el reglemanto», aunque reconoció que esa petición particular no está plasmada en la iniciativa.
En la protesta estuvo el diptuado Genaro Estrada, suplente del diptuado con licencia Masedonio Mendoza Basurto, quien reconoció que la actuación de la policía comunitaria en la región de la Montaña ha impedido que la delincuencia organizada crezca su operación en la región.
Defendió que el diptuado Mendoza Basurto cumplió con presentar la iniciativa, pero reconoció que es un trámite legislativo que lleva tiempo.
Tras el mitin, una comisión de 10 integrantes ingresó al Congreso para tener una reunión con diputados.