Votación popular de magistrados es una perversión de la democracia; el pueblo votó el «Plan C»; discuten en el Congreso

Ángel Galeana/Chilpancingo

En la sesión de este miércoles, los diputados Bernardo Ortega Jiménez del PRD, Jacinto González Varona y Alfredo Sánchez Esquivel de Morena, debatieron sobre la reforma al Poder Judicial que planteó el presidente Andrés Manuel López Obrador. En la discusión coincidieron en que es necesaria una “reforma profunda” pero el perredista consideró que dejar al voto popular la elección de jueces y magistrados es “una perversión de la democracia participativa”.

El debate lo inició el diputado Bernardo Ortega al fijar una postura acerca de la reforma al Poder Judicial, en la que centralmente dijo estar de acuerdo con que haya modificaciones, pero no que los magistrados y jueces sean electos por la ciudadanía, como el caso de los representantes populares.

Reconoció que los representantes populares no son electos “por su capacidad” sino por un liderazgo social, lo cual no puede aplicar para un cargo técnico como lo es el de jueces y magistrados; además, reconoció que los últimos nombramientos que hizo el Congreso estatal, incluido el del Fiscal del Estado, fue por acuerdo político, no porque tuviera experiencia “en el fuero común”.

Ortega Jiménez criticó que la reforma que se pretende al Poder Judicial tiene una carga de revanchismo del presidente Andrés Manuel López Obrador por los “reveses que le propinó” sobre los proyectos que echó a andar, principalmente el Tren Maya.

“En lo personal, considero que llevar a la votación popular el nombramiento de los ministros, jueces y magistrados del Poder Judicial es una perversión de la democracia participativa (…) hay una gran dosis de revancha por parte del Presidente por los reveses que le propinó el Poder Judicial en estos años, sería lamentable que se desaproveche esta oportunidad que tiene la mayoría de Morena para reacondicionar y modernizar y hacer más eficaz y eficiente al Poder Judicial”, comentó.

Dijo que la elección de jueces y magistrados por la ciudadanía debe ser analizada en profundidad lejos de “pifias y de egocentrismos con miras de no obtener mayores prebendas electorales, sino de tener jueces profesionales e imparciales”.

Consideró que es una simulación el discurso de que será la ciudadanía la que elija a los integrantes del Poder Judicial toda vez que el Poder Ejecutivo propondrá una lista de 10 perfiles, el Poder Legislativo federal otros 10 y el Poder Judicial 10, lo que, según el diputado, significa que la población solo elegirá a la lista de los “recomendados” de cada Poder.

Señaló que una de las propuestas para la reforma es que los perfiles que sean propuestos por cada uno de los Poderes del Estado sean sometidos a un examen previo de oposición para verificar su capacidad y experiencia a través de la calificación de jueces y magistrados.

En respuesta, el diputado morenista Jacinto González Varona dijo que en las pasadas elecciones la ciudadanía decidió votar por Morena que tenía como base legislativa llevar a cabo el llamado Plan C, en el que se incluye la reforma al Poder Judicial.

“Como nosotros sí cumplimos, y el pueblo de México exige que haya una profunda reforma al Poder Judicial y que ya las pensiones vitalicias, nepotismo, herencia de plazas y ninguneo a bases trabajadores se acabe”, indicó.

Dijo que quienes critican la propuesta de que sea la ciudadanía la que elija a jueces y magistrados “ningunea al pueblo”. Recordó que México vive en democracia por lo que consideró que, si la población puede elegir al presidente de la República, igualmente lo puede hacer con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Ante las críticas de que sería el Poder Ejecutivo quien tendría el control de las designaciones en los cargos del Poder Judicial, argumentó que históricamente los presidentes de la República han puesto a los ministros de la Suprema Corte, pero la diferencia que se plantea en la reforma es que se consultará a la ciudadanía qué ministros quiere.

“¿Apoco los ministros que están no son los que dejó Peña o Calderón ahí, en su mayoría los pusieron?”, cuestionó, y cerró su intervención diciendo que si “no hay justicia para el pueblo que no haya paz para el Poder Judicial”.

Ortega Jiménez respondió que Olga Sánchez Cordero, que fue ministra de la Suprema Corte y hoy senadora de Morena, seguramente fue propuesta de un presidente de la república del PRI, pero consideró que siempre tuvo resoluciones apegadas a la realidad.

Luego, argumentó que los diputados, alcaldes y hasta presidentes de la República han sido electos por la ciudadanía y no por su capacidad, sino por su liderazgo, pero cuestionó si eso se puede trasladar a un órgano jurídico.

A la discusión se sumó el morenista Alfredo Sánchez Esquivel, quien compartió que el Poder Judicial requiere una reforma toda vez que la justicia en México está supeditada al poder económico y político.

Señaló que las propuestas que se hagan por parte de los Poderes para jueces y magistrados deberán ser de personas que cumplan con perfiles. “Se verían mediocres” si propusieran a “Juan de las Pitayas o a doña Lupita de los Magueyes”.

Ejemplificó que cuando llegan nombramientos para que el Congreso estatal haga designaciones hay comparecencias, analizan perfiles y “más allá de lo que se vea los mejores van quedando”.

“Yo no he visto osados compañeros que aspiren a la Fiscalía que estén en el ramo de limpieza, jardinería, de la electricidad, porque saben que van a entrar al escrutinio de quien sí sabe del tema”, argumentó.

Señaló que lo que cambia es la forma de elección, pero no la obligación que tendrán los jueces y magistrados de apegarse a la Constitución.

“No me veo que sea revanchismo de AMLO, el presidente ha tenido la capacidad de escuchar a quienes han gritado por años, de retomar sus ideas y cristalizarlas. No es él, es la molestia de mucha gente que se ha sentido avasallada, vapuleada, no es AMLO es gran parte del pueblo de México”, defendió.

El perredista Ortega Jiménez volvió a subir a tribuna para defender el punto que actualmente todos los nombramientos que se hacen son por acuerdos políticos “sin demeritar a nadie, pero no ha sido de manera que este es mejor que otro”.

En ese contexto, confirmó que los últimos nombramientos que hizo el Congreso de fiscales han sido por acuerdos políticos, no porque tuvieran alguna experiencia en el fuero común.

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