Ángel Galeana/Chilpancingo
El Congreso local aprobó la creación de la Ley que regula el uso de tecnologías de la información y comunicación para la seguridad pública del estado, con la que se da luz verde a la instalación y utilización de sistemas de video vigilancia, drones y software de reconocimiento facial para combatir al crimen organizado, los delitos comunes o situaciones de emergencia o desastres.
Con la regulación y entrada en vigor de la Ley, las imágenes que se capturen en los sistemas de información tecnológicos, como se denomina a todos los equipos de video vigilancia, podrá ser utilizada por la Fiscalía General del Estado o el Poder Judicial a fin de aportar pruebas sobre la comisión de delitos.
Además de la creación de la Ley, fueron reformados 15 artículos de la Ley 179 del Sistema de Seguridad Pública del Estado, a fin de dar un marco legal a todas las acciones relacionadas con la utilización de equipos tecnológicos en la persecución de delitos.
La aprobación de la nueva Ley, y la reforma a la Ley de Seguridad Pública se realizó en dos sesiones extraordinarias celebradas ayer en el Congreso. La Comisión de Seguridad Pública propuso al pleno los dos dictámenes que fueron aprobados por unanimidad y sin discusión.
El dictamen señala que el uso de la tecnología es fundamental para la prevención y disminución de los delitos en Guerrero y con la Ley se busca prevenir y erradicar el crimen a través de un sistema de “video vigilancia, drones y software de reconocimiento facial estatal ubicado en puntos estratégicos que permitirán tomar acción inmediata cuando un crimen esté aconteciendo y apoyar a los cuerpos policiales a capturar a los perpetradores de crímenes proveyendo de pruebas suficientes a las autoridades judiciales pertinentes para el procesamiento de los imputados”.
Señala que es urgente que se regule el uso de la tecnología en Guerrero para la utilización de la seguridad pública con la finalidad de blindar el estado de derecho.
El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Joaquín Badillo Escamilla, señaló en tribuna que el objetivo de la iniciativa tiene un significado fundamental para el estado, particularmente contra “el flagelo de la inseguridad que es una situación compleja en un nuestro estado de Guerrero y en todo el país”.
Señaló que, según datos del INEGI, se estima que se cometieron 624 mil 445 delitos en el país -sin especificar la temporalidad- de los cuales se denunciaron solo el 6.1%, pero de los delitos denunciados no se continuó con la investigación en 50.8% por falta de medios probatorios, por lo que con la instalación de sistemas de vigilancia que permitan ver en tiempo real la comisión de delitos, se podrán hacer capturas de delincuentes en flagrancia o aportar elementos de prueba suficientes para el procesamiento judicial de los delincuentes.
El diputado morenista, Marco Tulio Sánchez Alarcón, quien presentó la iniciativa el año pasado, señaló que Guerrero no tenía una legislación vigente que regule el uso de la tecnología para la seguridad pública, creando una ambigüedad legal de cómo y dónde utilizar los sistemas de tecnología.
“Esta ley no solo busca regular el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, sino que también tiene como objetivo fortalecer las capacidades de nuestras fuerzas de seguridad dotándolas de herramientas modernas y eficientes para prevenir los delitos, estamos hablando del sistema de video vigilancia inteligente, análisis de datos en tiempo real, plataformas de comunicación seguras, y muchas otras tecnologías que nos ayudarán a prevenir y responder de manera más efectiva a los delitos”, comentó.
Con la expedición de la Ley se crea el registro de equipos y sistemas tecnológicos para la seguridad pública a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública. También se señala que tanto la dependencia como los municipios clasificarán, resguardarán y registrarán la información captada por los equipos que se coloquen.
Además, las personas físicas o jurídicas colectivas que cuenten con la infraestructura tecnológica de captación y acopio de información susceptible de ser útil a los fines de seguridad pública podrán ser requeridas por autoridades judiciales, ministeriales o administrativas para coadyuvar en la investigación de delitos, faltas administrativas o prevenir situaciones de emergencia y desastres.
De acuerdo con la nueva Ley, los equipos y sistemas tecnológicos con cámaras de video vigilancia y drones que cuenten con software de reconocimiento facial se instalarán en lugares estratégicos a efectos de prevenir y combatir conductas ilícitas y su ubicación deberá priorizarse de acuerdo a un estudio y análisis de estadística referentes a índices delictivos, así como la valoración de las políticas de seguridad pública implementadas a nivel nacional y local.
La información que se capte en los sistemas tecnológicos serán válidos como datos de prueba en procedimientos seguidos ante autoridades competentes.
La Ley entrará en vigor 180 días naturales siguientes a su publicación en el periódico oficial del estado. En un plazo máximo de 1 año, los poderes Ejecutivo y Judicial propondrán armonizar los códigos procesales aplicables establecidos en la Ley.
Así mismo, el Gobierno estatal deberá instalar en un máximo de 180 días el Conejo Asesor en Ciencia y Tecnología para la Seguridad Pública.