Alina Navarrete Fernández/Chilpancingo, Gro.
Madres y padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos rechazaron la búsqueda encabezada por el Gobierno Federal en Iguala, en la que participó un grupo de padres representado por el exvocero Felipe de la Cruz.
En un comunicado titulado “Los distractores en el Caso Ayotzinapa”, las familias representadas por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan se pronunciaron en contra de la búsqueda que funcionarios de la Secretaría de Gobernación y padres de familia hicieron dentro del 27 Batallón de Infantería, así como algunas calles de Iguala.
“Rechazamos la búsqueda que realiza el Gobierno Federal”, señalaron y afirmaron que se trata de “una acción distractora que tiene el afán de lavar la cara al Ejército Mexicano frente a los señalamientos de su responsabilidad en la desaparición de nuestros hijos”.
“Esa diligencia fue decidida de manera unilateral por el presidente (Andrés Manuel López Obrador) en la reunión que sostuvimos en días recientes. Frente al señalamiento de un testigo que afirma 25 estudiantes habrían sido detenidos e ingresados al 27 Batallón de Infantería y posteriormente entregados al grupo delictivo Guerreros Unidos en una colonia de Iguala Guerrero”, indica la misiva.
Destacaron que “el presidente dio instrucciones al Subsecretario de Derechos Humanos para que se hiciera una búsqueda. Tal decisión no fue consultada ni consensada con las madres y padres de los 43, por el contrario, no se les permitió hablar para manifestar su oposición a tal diligencia”.
Recordaron que en el 2019 se realizó una búsqueda dentro del Batallón “sin éxito alguno, por otro lado, ningún caso tiene buscar allí, no existe dato de prueba que establezca que los estudiantes fueron inhumados en fosas en este lugar”.
“El testigo que hace tal señalamiento es claro al referir que los 25 estudiantes estuvieron temporalmente en el Batallón mientras eran torturados, después fueron sacados y entregados al grupo delictivo Guerreros Unidos”, puntualizaron.
Reiteraron que “ningún sentido tiene buscar en esas instalaciones militares, más bien, es una acción desesperada del gobierno para limpiar la imagen de un Ejército que tenía vínculos con el grupo delictivo Guerreros Unidos y que la noche del 26 de septiembre del 2014 se colocó del lado de los perpetradores, supo en tiempo real lo que ocurría con nuestros hijos y ha ocultado información relevante del caso”.
Finalmente, consideraron que “la asistencia de un grupo minoritario de familiares confirma la pretensión del gobierno de atizar la división y usarlos para legitimar sus acciones, reprobamos estas prácticas añejas de gobiernos autoritarios del pasado que ahora se reeditan”.