Ángel Galeana/Chilpancingo
El Congreso local aprobó la cuenta pública 2022 de los poderes Ejecutivo sector central y paraestatal, el Legislativo, el Judicial y los órganos autónomos aún con observaciones por solventar; además, el dictamen fue aprobado por unanimidad pese a que se detectaron una serie de ineficiencias, inconsistencias y faltas de los entes fiscalizables.
El Congreso sesionó este jueves de manera extraordinaria, que fue la última de la actual legislatura, en la que aprobó la cuenta pública 2022 solo de los 3 Poderes del Estado y de los órganos autónomos, dejando pendiente la de los ayuntamientos y entidades paramunicipales.
De acuerdo con la información del dictamen presentado por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, al sector central del Poder Ejecutivo se les realizaron 15 auditorías a 13 dependencias, teniendo como resultado 24 recomendaciones, 6 solicitudes de aclaración, 64 pliegos de observaciones y 54 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria contra funcionarios. La calificación a las distintas dependencias respecto a la administración y aplicación de los recursos públicos y cumplimiento de normativa aplicable se dividió en 3: adecuada, razonable y deficiente u opaca.
Al sector paraestatal del Poder Ejecutivo se les aplicaron 28 auditorías a 23 entes fiscalizables, cuyo resultado fue 67 recomendaciones, 80 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, 2 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal y 53 pliegos de observaciones. La calificación a las distintas dependencias respecto a la administración y aplicación de los recursos públicos y cumplimiento de normativa aplicable también se dividió en adecuada, razonable y sin cumplimiento a sus programas.
Al Poder Judicial se le aplicaron 2 recomendaciones, 3 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y una solicitud de aclaración, y al Poder Legislativo se le dieron 3 recomendaciones, 7 pliegos de observaciones y 2 promociones de responsabilidad administrativa. A ambos Poderes les dio la calificación de razonable.
Respecto a los órganos autónomos se realizaron auditorías a la Universidad Autónoma de Guerrero que fue la única que realizó una gestión adecuada de sus recursos. Al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, al Tribunal Electoral del Estado, a la Comisión de Derechos Humanos y a la Fiscalía del Estado les dio una clasificación de razonable respecto a la administración y aplicación de los recursos públicos y cumplimiento de normativa.
Ejercicio de los recursos
Respecto al Poder Ejecutivo sector central, 3 Secretarías tuvieron una gestión adecuada de sus recursos, 9 una gestión razonable y 3 tuvieron gestión deficiente y opaca de los recursos públicos.
Las secretarías calificadas con una gestión adecuada de recursos fueron Seguridad Pública, Salud y Fomento y Desarrollo Económico.
Las dependencias con una gestión razonable de los recursos públicos fueron: Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Fomento y Desarrollo Económico, la Secretaría de Finanzas y Administración, Secretaría de Educación, la Secretaría de Turismo, la Representación del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero en la Ciudad México y el Tribunal de Conciliación y Arbitraje.
Las Secretarías que tuvieron gestión deficiente y opaca de los recursos públicos fueron: Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural; la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental.
Del sector paraestatal y fideicomisos 10 tuvieron una gestión adecuada de los recursos, 14 tuvieron una gestión razonable y 4 no alcanzaron los resultados de sus programas y no cumplieron con las disposiciones y normativas aplicables a la materia.
Las entidades con gestión adecuada fueron: Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero, Agroindustrias del Sur, Instituto Guerrerense del Emprendedor, Instituto Guerrerense para la Atención Integral de las Personas Adultas Mayores, Instituto Radio y Televisión de Guerrero, Promotora y Administradora de los Servicios de Playa de Zona Federal Marítimo Terrestre, Universidad Tecnológica del Mar del Estado de Guerrero, Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Guerrero, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero, y a la Universidad Tecnológica de Tierra Caliente.
Las que tuvieron una gestión razonable de recursos fueron: Orquesta Filarmónica de Acapulco, Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero, Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero, Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense, Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, Instituto del Deporte de Guerrero, Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa, Instituto Tecnológico Superior de la Costa Chica, Parque Papagayo, Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero, Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero, Instituto Estatal de Cancerología «Dr. Arturo Beltrán Ortega» y la Universidad Tecnológica de Acapulco.
Las dependencias que no alcanzaron sus resultados programados y no cumplieron con las disposiciones en la materia fueron: el Hospital del Niño y la Madre y el Niño Guerrerense, el Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, el Instituto Radio y Televisión de Guerrero y el Fideicomiso Bahía de Zihuatanejo.
A los poderes Legislativo y Judicial les calificó con una gestión razonable de los recursos públicos.
Más de 4 mil millones sin comprobar
En el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública se incluyó una parte del Informe General Ejecutivo de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2022 que emitió la Auditoría Superior del Estado (ASE) en el que se señala que del total del dinero que hace falta por comprobar de parte de 169 entes fiscalizables, incluidos los 3 poderes del estado, órganos autónomos, municipios y entidades paramunicipales, es de 4 mil 641 millones 738 mil 829 pesos.
El informe indica que en 2022 se ejercieron 72 mil 785 millones 803 mil 301 pesos, pero la muestra auditada fue de 23.92%, equivalente a 17 mil 407 millones 292 mil 982 pesos.
De 182 informes individuales de todos los entes fiscalizables, se establecieron 3 mil 430 resultados, de los cuales 2 mil 377 tienen observaciones a los recursos ejercidos que, a su vez, 558 fueron atendidos y 1,819 están pendientes.
De las 2 mil 377 observaciones de manera general, el Poder Ejecutivo tuvo 265, el Poder Judicial 27, el Poder Legislativo 23 y los órganos autónomos 93.
De los 4 mil 641 millones 738 mil 829 pesos que no han sido solventados, 33 millones 613 mil 642 pesos son referentes a 7 solicitudes de aclaración no atendidas, lo cual se refiere a las solicitudes de información adicionales que la Auditoría Superior del Estado (ASE) realizó a dependencias para responder a las observaciones hechas.
Por concepto de promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, que se refiere a un posible incumplimiento de carácter fiscal detectado en las facultades de fiscalización de la autoridad responsable, no se han solventado 769 millones 681 mil 360 pesos.
Por concepto de pliegos de observaciones, que se refiere a la determinación en cantidad líquida al presunto daño, prejuicio o ambos a la hacienda pública o al patrimonio de los entes públicos hacen falta de solventar 425 hechos detectados, por un monto de 3 mil 838 millones 443 mil 826 pesos.
Deficiencias, inconsistencias y faltas
El Congreso aprobó la cuenta pública aún con la detección de una serie de faltas e inconsistencias en los 3 Poderes y órganos autónomos.
En el informe general de la ASE presentado sobre el desarrollo de las auditorías, establece que no hace mayor referencia en cuanto a los montos comprometidos en las observaciones, los montos de los posibles daños o perjuicios al erario público, así como los porcentajes que estos representan sobre el total del gasto público ejercido, con la finalidad de informar del daño, perjuicio o ambos a la hacienda pública o al patrimonio de las dependencias fiscalizadas, así como el posible incumplimiento de carácter fiscal detectado.
En los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial detectó carencias y falta de actualización de la normatividad interna de las dependencias fiscalizadas, deficiencias en el control y resguardo de activos no circulantes, deficiencias en el cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de retención del ISR, por el pago de compensaciones, bonos y estímulos a los trabajadores.
Deficiencias en los procedimientos de adjudicación y contratación para la adquisición de bienes o recepción de servicios, deficiencias o falta de comprobación en el ejercicio de los recursos financieros, falta de justificación y autorización en la aplicación de los recursos públicos para fines distintos autorizados, e incumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el marco conceptual de contabilidad gubernamental y los documentos normativos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.
En los órganos autónomos detectó que realizan adquisiciones de bienes y servicios sin atender la ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado, tienen falta de publicación en sus páginas de internet la información contable y presupuestaria que señala la normatividad, y tienen registros contables de los ingresos y egresos sin atender lo señalado en el clasificador por objeto del gasto, plan de cuentas y momentos contables.
El Congreso instruyó a la ASE a que dé seguimiento a las observaciones y recomendaciones formuladas a las dependencias hasta su solventación y, en su caso, finque las responsabilidades a que haya lugar.
En el dictamen se especifica que, aunque la cuenta pública está aprobada, no se suspende el trámite de las acciones promovidas por la ASE, las cuales seguirán los procedimientos de ley.