Ángel Galeana/Chilpancingo
La encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno del estado, Anacleta López Vega, negó que en Guerrero haya impunidad ante los hechos de violencia señalando que los procesos de investigación tienen tiempos legales que se deben cumplir.
Indicó que en el estado hay 328 personas desplazadas por la violencia; defendió que el gobierno no fue omiso en la atención de la emergencia después del huracán Otis, y ha atendido a quienes bloquean carreteras y avenidas exigiendo apoyos tras el paso del huracán John.
La funcionaria compareció este miércoles en el Congreso para presentar el tercer informe de gobierno estatal referente a la dependencia que encabeza.
En su exposición mencionó la atención a los desastres provocados por los huracanes Otis y John, aunque no presentó datos precisos. Las únicas cifras que expuso fueron: 32 iniciativas de leyes y decretos enviadas al Congreso, participación en 273 instrumentos emitidos por el Poder Ejecutivo, la integración de 12 periodistas y 4 defensores de Derechos Humanos al mecanismo federal de protección y la realización de 409 reuniones con distintas dependencias y organizaciones.
En ronda de preguntas, el diputado perredista Robell Urióstegui Patiño cuestionó a la funcionaria cuáles han sido las acciones de colaboración de la Secretaría General de Gobierno con la Fiscalía estatal y el Poder Judicial para garantizar la justicia en la entidad. Al respecto, López Vega señaló que “hay casos de alto impacto” y tanto la Fiscalía como el Poder Judicial se coordinan para asegurarse que las pruebas que obtengan sean de manera legal y el desarrollo de los procesos judiciales sean ágiles y justos.
“Suele confundirse en cuanto a que un proceso que dura 6 meses, 1 año, 2 años se empieza a generar a veces descontentos en redes sociales donde hablan de impunidad lo cual no es así porque debemos estar a las resueltas de un proceso, de un juicio, porque las leyes nos ponen el procedimiento y nos marcan los tiempos que se deben llevar a cabo”, defendió.
Respecto a las personas desplazadas por la violencia, tema que también surgió en la ronda de preguntas, la funcionaria reconoció que Guerrero está entre los estados con mayores índices de violencia que contribuyen al abandono de las comunidades, “la falta de seguridad y presencia de grupos delictivos complican la situación”.
Refirió que hay 102 familias desplazadas conformadas por 328 personas, sin embargo, está en proceso un censo en el que se van a integrar a todas las víctimas de comunidades de los municipios de Heliodoro Castillo, Leonardo Bravo y Zitlala.
Informó que han sido regresadas 12 familias integradas por 53 personas en la comunidad de La Laguna, en Coyuca de Catalán.
La funcionaria indicó que una de las estrategias a mediano y largo plazo es fortalecer la seguridad empleando estrategias de seguridad, la creación de programas de prevención del delito así como políticas específicas que aborden las causas del desplazamiento incluyendo programas de desarrollo económico en las comunidades afectadas.
Uno de los comentarios de la diputada de Movimiento Ciudadano, Erika Lührs Cortés, fue respecto a los bloqueos que se han realizado en Acapulco y en carreteras del estado por damnificados del huracán John que exigen apoyos. López Vega aseguró que han atendido todos aunque no son de la competencia estatal.
“Tenemos que admitir que tenemos que respetar el derecho de la protesta, tenemos que ser empáticos, escucharlos y ver la solución que se puede dar. Sí los atendemos, estamos con ellos, nos convertimos en gestores a nivel nacional para que sean atendidos”, señaló.
El diputado Robell Urióstegui indicó que uno de los puntos más preocupantes fue la falta de coordinación en la preservación de la seguridad pública después del huracán Otis, lo que provocó saqueos. López Vega respondió que Otis fue el huracán de mayor impacto en la historia del continente, y la primera acción gubernamental fue la atender las emergencias estableciendo puntos de comunicación entre quienes estaban en Acapulco y sus familias, por lo que defendió que el estado no fue omiso en sus funciones.
Sobre las protestas después del huracán John, señaló que han atendido a 124 manifestaciones.
La diputada priista Pilar Vadillo Ruiz, fue quien cuestionó con mayor rigor la presentación del informe. Refirió que en todo el informe se hicieron reseñas y agradecimientos al gobierno federal, por lo que lo plasmado en el informe no justifica el presupuesto que se le autorizó a la dependencia para el 2024.
Criticó que una parte del tercer informe tiene datos del informe del año pasado y todas las cifras que se expusieron son de manera preliminar; además, que en el apartado de gestión de emergencias y gestión de territorio, el 90% del contenido son acciones del gobierno federal.
La diputada apuntó que hubo un trato diferenciado en la atención a damnificados de los huracanes Otis y John toda vez que las acciones se centraron en Acapulco dejando en el olvido al resto de los municipios.
La funcionaria explicó que el informe del gobierno contiene un anexo estadístico que refleja el impacto de programas sociales de mayor relevancia.
La comparecencia se realizó en 3 horas que se caracterizaron por la falta de crítica en los cuestionamientos, datos que no se expusieron a profundidad y varios diputados declinaron a ejercer derecho de réplica.