Ángel Galeana/Chilpancingo
El ex diputado federal por Morena, Rubén Cayetano García, anunció que pedirá a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que inicie una controversia constitucional en contra de la reforma al Poder Judicial local aprobada por el Congreso del estado el miércoles pasado.
Cayetano García consideró que los diputados locales hicieron “un remedo” de reforma que no armoniza la Constitución local con la federal, toda vez que mantiene privilegios para jueces y magistrados.
El ex diputado realizó un mitin este viernes a las afueras de Ciudad Judicial, en Chilpancingo, junto a un grupo de morenistas inconformes con la reforma al Poder Judicial que se aprobó en Guerrero.
Entre las consideraciones que expuso Cayetano García, es que no se respetó en el Congreso estatal el espíritu de la reforma federal, que es garantizar que se terminen los privilegios a los jueces y magistrados y que sea la ciudadanía la que decida a través del voto la organización del Poder Judicial.
Expuso que en la reforma local establece en el artículo 103 que la presidencia del Tribunal Superior de Justicia será decidida en base a quien haya obtenido la mayoría de votos en la elección del 2027, pero en el séptimo transitorio señala que por única ocasión, las presidencias tanto del Tribunal Superior de Justicia como del nuevo órgano que será el Tribunal de Disciplina Judicial, serán decididas en la primera sesión del Pleno, después de las elecciones, es decir, será electa de forma interna.
En ese sentido, cuestionó de qué sirven los votos ciudadanos si las decisiones serán por “la cúpula y el poder político”.
Por otro lado, dijo que es falso que se hayan eliminado los privilegios y haberes para magistrados y jueces, toda vez que, los actuales, podrán acceder a la totalidad al remitir sus renuncias hasta el 31 de agosto del 2027.
También criticó que la elección de jueces y magistrados se haya aplazado en su totalidad hasta el 2027, en un estado como Guerrero en el que, fue el propio Poder Judicial el que ocultó pruebas sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre del 2014, en Iguala.
Este señalamiento está basado en que, en Ciudad Judicial de Iguala desaparecieron los videos de las cámaras de seguridad en los que habría grabado cuando un grupo de alrededor de 15 estudiantes fueron raptados.
“No podemos permitir que el tribunal que escondió pruebas sobre la desaparición de Ayotzinapa se mantenga impune e intocable’, señaló Cayetano García.
En ese contexto, indicó que solicitará que la CNDH inicie una controversia constitucional con el fin de echar abajo la reforma al Poder Judicial en Guerrero; además, dijo que el Congreso de la Unión tendrá que intervenir porque en Guerrero no se integraron lo que mandataron senadores y diputados federales.
«Vamos a exponer las irregularidades y abusos del poder político local para determinar las acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales que ameriten para combatir este remedo de armonización en el Congreso de Guerrero», indicó.
La CNDH ya tiene antecedentes en Guerrero en promover acciones de inconstitucionalidad. En 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió acciones de inconstitucionalidad promovidas por la CNDH en materia de seguridad pública y derechos de pueblos indígenas y afromexicanas, de educación y electoral.