Ángel Galeana/Chilpancingo
La Fiscalía General del Estado, a través de la ministerio público, Azucena Sánchez Gutiérrez, solicitó una declaratoria de procedencia ante el Congreso del estado para desaforar a una persona que goza de inmunidad constitucional a fin de que enfrente un proceso judicial en su contra, sin embargo, el Congreso acordó llevar el procedimiento en secrecía, por lo que, hasta el momento se desconoce quien es el funcionario implicado en responsabilidades penales.
En la sesión de este martes se informó al pleno la solicitud de declaratoria de procedencia que realizó la Fiscalía General del Estado, la cual fue turnada a la Comisión Instructora, sin embargo, la notificación se realizó en total hermetismo. Algunos diputados dijeron fuera de entrevista que el documento se turnó de manera cerrada y ni siquiera conocieron a detalle el procedimiento. Otros diputados comentaron que se trata de una situación inédita y que el caso es de suma importancia que, incluso, podría implicar riesgos.
La diputada coordinadora de la fracción del PT, Leticia Mosso Hernández, dijo ante el pleno que ella no tenía información sobre la solicitud de declaratoria de procedencia y que el documento no se le había hecho llegar, por lo que se abstuvo de aprobar ese punto del orden del día, con el que se daba por notificado al pleno la recepción se la solicitud.
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Jesús Urióstegui García informó en entrevista que todos los diputados acordaron llevar el procedimiento en secrecía, hecho que no se había realizado antes en el Congreso.
“Es un tema donde se ha acordado una secrecía por la responsabilidad que conlleva y, en ese sentido, la Junta de Coordinación Política determinó resguardar esta información ya que es un tema que tiene que atenderse puntualmente (…) por el tema de secrecía tenemos que reservarlo así”, comentó.
El diputado aseguró que todos los diputados están enterados del caso y que el reclamo que hizo la diputada Leticia Mosso respecto a que no había recibido la información se debió a un problema con el internet.
Justificó la secrecía del caso en un acuerdo que alcanzaron todos los diputados de todos los partidos que integran el Congreso, pese a que no había ocurrido una situación similar anteriormente.
La solicitud de procedencia es un mecanismo legal al que pueden recurrir particulares y la Fiscalía General del Estado a efectos de que se proceda acción penal en contra de un servidor público que goza de inmunidad constitucional, es decir, fuero.
La Comisión Instructora del Congreso tendrá 60 días para emitir un dictamen una vez turnándosele el caso, “salvo que fuese necesario disponer de más tempo”, lo cual está a criterio de la propia Comisión.
Si el pleno del Congreso determina a favor la solicitud de procedencia, el funcionario acusado quedará inmediatamente separado del cargo y sujeto a la jurisdicción de los tribunales.