Ángel Galeana/Chilpancingo
La alcaldesa Abelina López Rodríguez afirmó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ya le auditó lo recursos federales de la cuenta pública 2023, y sólo tiene observaciones por 3 millones de pesos. Insistió en que la Auditoría Superior del Estado (ASE) no tiene facultades para auditar los recursos del FAISMUN que ascienden a 898 millones de pesos, y mostró un nuevo documento de la Auditoría Superior de la Federación en el que se señala que sólo este órgano está facultado para revisar el ejercicio del dinero federal.
Entrevistada en Acapulco, la alcaldesa señaló que el caso del que es acusada por la Auditoría Superior del Estado de no solventar los 898 millones de pesos llegará hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dado que ya presentó una controversia constitucional.
López Rodríguez exhibió un nuevo documento emitido por la Auditoría Especial del Gasto Federalizado dependiente de la Auditoría Superior de la Federación, firmado el pasado 27 de mayo, en el que se da respuesta a un oficio que ella envió solicitando información respecto a la competencia de la auditoría de los recursos federales.
La alcaldesa preguntó a la ASF si es procedente la entrega de información del FAISMUN a la Auditoría Superior del Estado de Guerrero; si existe un convenio de colaboración entre la ASF y la ASE que le permita a esta última la fiscalización de los recursos de origen federal (ramo 33) para el año 2023; y si existe una acta de coordinación firmada entre la ASF y la ASE en el que el órgano federal faculte, autorice y dé el visto bueno a la estatal para que fiscalice los recursos federales (ramo 33) para el ejercicio del 2023.
La ASF respondió a la alcaldesa señalando una sentencia de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tras resolver el amparo directo 6491/2023, en la que se establece que «sí se reservó la facultad de fiscalizar recursos federales a la Auditoría Superior de la Federación; en consecuencia, no es posible determinar que dicha facultad pueda ser ejercida por los órganos de fiscalización estatal en términos de lo dispuesto en el artículo 124 constitucional».
En otro de los párrafos de la contestación, el documento indica que «a fin de no incurrir en actos que podrían resultar violatorios de las disposiciones constitucionales y legales que regulan la fiscalización de los recursos públicos federales, se resalta que el municipio de Acapulco de Juárez, en su caso, estaría entregando a la Auditoría Superior del Estado de Guerrero información relativa a los recursos federales ejercidos por el municipio en mención, siendo que es atribución exclusiva de la ASF (…) que dicha entrega, en su momento, podría interferir en el ejercicio de las atribuciones de fiscalización de esta ASF».
En la parte final del documento, respecto a si existe un convenio de colaboración entre la ASE y la ASF, el órgano federal respondió que el convenio celebrado en 2024 estuvo vigente para la cuenta pública 2023 y tuvo por objeto, exclusivamente, que la Auditoría del estado colabore con la ASF en las actividades y acciones que esta le solicite.
Dicho convenio fue invocado por el auditor del estado, Marco César Paris Peralta Hidaldo, como uno de los instrumentos legales que, afirmó, facultan a la ASE a auditar los recursos federales ejercidos por los ayuntamientos.
La alcaldesa Abelina López declaró que el Ayuntamiento de Acapulco ya fue considerado en el programa anual de auditoría de la ASF, para los recursos del FAISMUN 2023.
«Si yo ya fui considerada a nivel federal, no tiene por qué volverse a repetir aquí la ASE porque no está en su esfera de competencia. Es muy claro el artículo 79 cuando refiere que la Auditoría Superior de la Federación es la única facultada para auditar recursos federales (…) Eh ahí donde está el dilema, pero habremos de continuar, esto, por supuesto, habrá que seguir en tribunales», comentó.
De las observaciones de esa auditoría, López Rodríguez indicó que tuvo 3 millones de pesos, sin abundar en detalles.
Señaló que hasta este domingo no ha sido notificada por la ASE sobre el inicio de las demandas en su contra ante la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Justicia Administrativa, pero comentó que el caso va a continuar.