Ángel Galeana/Chilpancingo
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Jesús Urióstegui García aseguró que no existe ninguna «cacería de brujas» en contra de la alcaldesa Abelina López Rodríguez, y señaló que la solución al conflicto es sencilla «si tiene la información habría que presentarse».
Entrevistado en el Congreso, Urióstegui García indicó que los diputados estarán atentos para vigilar al proceso legal que inició la Auditoría Superior del Estado (ASE) contra la alcaldesa Abelina López Rodríguez ante la Fiscalía General del Estado por no comprobar 898 millones de pesos del programa federal FAISMUN, pero reiteró que no existe ninguna línea política para perseguir a la alcaldesa.
«Nosotros estamos absolutamente cumpliendo la ley, que no hay un tema de ninguna persecución política, que no hay ninguna línea por parte de mis compañeros y yo en lo personal como presidente de la Jucopo, no hay ninguna indicación en ningún sentido, de este hecho -¿es una cacería de brujas dice ella?- negativo, no hay ninguna cacería de brujas, es un procedimiento administrativo, y es sencillo, si tiene la información tendría que presentarse», indicó.
Según la Constitución del estado, los funcionarios públicos, entre ellos los alcaldes, son merecedores de sanciones por incurrir en responsabilidades políticas, penales y administrativas.
Entre las responsabilidad políticas, señala la Constitución, están las «violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas o presupuestos de la administración pública federal o del estado». Una de las sanciones que marca la Constitución es la destitución del cargo e inhabilitación a través de un juicio político.
Cuestionado al respecto, sobre si el Congreso iniciaría un juicio político contra Abelina López, toda vez que ya hay una denuncia en su contra y que es un hecho que no comprobó 898 millones de pesos que le fueron solicitados por la ASE, Urióstegui García indicó que ya es pública la denuncia contra Abelina López a la cual tendrán que darle seguimiento.
Señaló que un procedimiento legislativo contra la alcaldesa tendría que ser a través de una solicitud de declaratoria de procedencia que haga la Fiscalía.
«¿En todo caso, sería la Fiscalía quien hiciera la petición de este juicio de procedencia?, se le preguntó.
«Sí, es un proceso que tiene que seguirse. Hay un proceso que tienen que seguirse con tiempo y forma, tenemos que ser muy cuidadosos de los procedimientos que marca la ley, no podemos ni brincar ni nada», respondió.
La solicitud de declaratoria de procedencia es un proceso legislativo que debe solicitar la Fiscalía General del Estado o un particular que tiene como objetivo desaforar a un servidor público para que pueda enfrentar las demandas penales que pesen en su contra.