La Fiscalía de Campeche presentó ante la Cámara de Diputados una nueva solicitud de juicio de desafuero en contra el senador Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional priista y exgobernador de esa entidad de 2015 a 2019, a quien señala de corrupción.
De acuerdo con las acusaciones, cuando fue mandatario estatal incurrió en uso indebido de atribuciones y peculado: presuntamente desvió 83 millones 508,000 pesos.
Ante la nueva solicitud de desafuero, presentada y ratificada el pasado miércoles, el legislador ya reaccionó en la red social X y ayer publicó un mensaje en el que retomó sus acusaciones de que gobernadores y líderes de Morena tienen vínculos con narcotraficantes y que insistirá en denunciarlo.
“El narcogobierno de Morena nos ha perseguido, espiado y calumniado, pero jamás nos va a doblegar. Nunca lo lograrán. Los priistas no nos echamos para atrás. Vamos siempre hacia adelante”, escribió al sugerir que las nuevas acusaciones se deben a esas denuncias.
El 17 de agosto de 2022 la Fiscalía presentó una primera solicitud de desafuero en contra del priista para ser juzgado.
Lo acusó de enriquecimiento ilícito, defraudación fiscal y uso de recursos de procedencia ilícita, luego de que salieron a la luz una serie de audios con la supuesta voz de “Alito”.
Durante meses el audio del priista centró el debate, pero se amparó para que cesara la conducta de la mandataria Layda Sansores –quien lo publicó–. Además, tramitó un amparo para detener el proceso de desafuero, mismo que quedó congelado al concluir la 65 Legislatura, en septiembre de 2024.
De acuerdo con el presidente de la Sección Instructora (SI) de la Cámara de Diputados, instancia que debe analizar las solicitudes de desafuero, Hugo Eric Flores Cervantes, el expediente se archivó y no se le dio trámite.
Según el líder del PRI, el caso fue desechado por “empate”, pues dos diputados votaron por darle curso y dos por desecharlo. Además, agregó ganó un juicio de amparo.
La interpretación jurídica de Flores Cervantes es que el expediente estaba archivado, no desechado, y la nueva integración de la Sección Instructora puede reactivarlo.
El pasado dos de julio Flores Cervantes informó que el caso seguía vigente y que había recibido nueva información de la Fiscalía por lo que este mes habría noticias.
“Eso estaba reactivado pero no nos creían. Era uno de los asuntos pendientes que nos encontramos en la Sección Instructora. No estamos reactivando nada, simplemente estamos siguiendo un procedimiento que desde nuestro punto de vista no estaba concluido”, comentó.
Sin embargo, ahora la Fiscalía presentó su nueva solicitud de juicio de desafuero por delitos distintos.
Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) dio a conocer detalles de cuatro nuevos casos por los que se acusa a Moreno Cárdenas.
Se trata de supuestos pagos a la Secretaría de Seguridad con recursos del FASP por 27.2 millones de pesos; irregularidades en la construcción de la Plaza Colosio por 18.3 millones de pesos; otros 14.2 millones en pagos a una televisora y 23.8 millones de pesos relacionados con pagos a la Administradora Portuaria Integral de Campeche (Apicam).
Según MMCI, en las indagatorias abiertas en Campeche por todo ello se imputan a Moreno Cárdenas los delitos de uso indebido de atribuciones y peculado por el probable desvío de 83.5 millones de pesos, según consta en cuatro carpetas de investigación ya fueron judicializadas y por las que cuatro exfuncionarios enfrentan procesos penales.
De acuerdo con los expedientes, hay 17 personas involucradas, entre ellas exfuncionarios de la administración del priista, y dos personas que ya se apegaron a un “criterio de oportunidad” ante la Fiscalía de Campeche, por lo que ya colaboran con las investigaciones aportando información.
El esquema por el que cometieron los ilícitos consistió en contratar servicios y realizar pagos sin respaldo documental o material, según la investigación.
Un caso consiste en el supuesto pago a dos personas que fungieron como prestanombres para desviar recursos con servicios simulados en la Secretaría de Seguridad Pública de Campeche (SSPCAM), que durante el gobierno de Moreno Cárdenas estuvo encabezada por Jorge “N”, uno de los imputados.
Los testigos revelaron que les pagaron alrededor de 4,000 pesos a cambio de entregar documentación personal, la cual presuntamente fue empleada para facturar servicios por 27.2 millones de pesos.
Los servicios, de acuerdo con MCCI, consistieron en venta de alimentos y en traslado de policías de Campeche hacia destacamentos en zonas lejanas como Calakmul, además de servicios de mantenimiento a aires acondicionados o a patrullas, todos servicios de difícil comprobación.