Redacción
Familias de desplazados de las comunidades serranas del municipio de Leonardo Bravo y del municipio de Zitlala se plantaron en Palacio de Gobierno para exigir a las autoridades un plan de retorno seguro, atención a quienes no han podido regresar a sus lugares de origen y presupuesto para resolver las necesidades de las víctimas.
Las familias fueron representadas por la directora del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Teodomira Rosales Sierra, quien aseguró que a pesar de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación para garantizar atención a las víctimas, las autoridaes no han cumplido.
«Estamos preocupados por que mañana se cumplen 7 años del desplazamiento interno forzado, el más grande de la historia que hemos tendió en México, lo decimos así porque es el desplazamiento que dio a conocer a todas las comunidades desplazadas en Guerrero y a nivel nacional también, pero la otra preocupación que a pesar de a pesar de tener 7 años las víctimas siguen sin reubicación, hay una recomendación que está pero no se ha cumplido, no vemos el avance», señaló.
El desplazamiento de referencia es el que ocurrió el 11 de noviembre del 2018, cuando al menos 1,500 personas huyeron de localidades como Filo de Caballos y Los Morros, entre otras, ubicadas en la sierra del municipio de Leonardo Bravo, tras la irrupción del grupo armado Los Tlacos, bajo la figura de una «autodefensa», para expulsar al grupo delictivo del Cártel del Sur. Las familias huyeron hacia Chichihualco y con los años se han dispersado en diferentes puntos del estado y del país, incluso, algunos migraron a Estados Unidos.
«Muchas víctimas han perdido la vida en el camino, mujeres y hombres tienen depresión, los niños no pueden terminar sus estudios por no estar en su lugar de origen. Para ser atendidos ha sido muy complicado, vemos que solamente cuando nos organizamos hay una llamada (…) no vemos un presupuesto, nosotros creíamos que en octubre ya se vería un presupuesto en el Congreso para ver la reubicaión y reparación de daño de familias desplazadas», señaló Rosales Sierra.
La activista señaló que las autoridades están retornando a sus comunidades a familias desplazadas pero sin garantías de seguridad, «a empezar de cero», por lo que llamó al gobierno del estado a atender las necesidades de las víctimas.