Ángel Galeana/Chilpancingo
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Acapulco (Canaco-Servytur), Alejandro Martínez Sidney, se pronunció porque una vez agotado el diálogo entre autoridades y manifestantes durante los bloqueos que se realizan en la Autopista del Sol se les aplique la ley, es decir, que sean desalojados y se ejecuten órdenes de aprehensión al ser un delito federal.
El líder empresarial consideró que el subsecretario de Desarrollo Político y Social del Gobierno estatal, Francisco Rodríguez Cisneros, debe ser más «enérgico y firme» para desalojar «inmediatamente» a quienes afectan las vías de comunicación en el estado, y por ende, a turistas, empresarios, personas de la tercera edad y niños que quedan atrapados en las carreteras.
«La exigencia es al gobierno que actúe inmediatamente, 15 minutos, si no hay un diálogo inmediatamente que venga el desalojo y después del desalojo que vengan las órdenes de aprehensión y que vengan los detenidos, o sea, no podemos seguir lucrando con la salud y con la vida económica de todos y eso no debe de permitirse. Nosotros rechazamos más de 7 horas…creo que el subsecretario de Asuntos Políticos y religiosos debe ser más enérgico, tiene que ser más firme en las decisiones para desalojarlos inmediatamente y no agotar tantas horas que nos afectan a todos los guerrerenses», declaró.
Martínez Sidney indicó que un bloqueo a la Autopista del Sol afecta en diferente medida al sector turístico, dependiendo de la cantidad de horas y la temporada, pero ejemplificó que un bloqueo de 7 horas como el que realizaron el pasado 2 de febrero habitantes de Tierra Colorada puede representar pérdidas por 1, 500 millones de pesos.
Lo anterior fue en conferencia de prensa en un hotel al sur de Chilpancingo, luego de la toma de protesta del Comité Directivo de la Canaco Chilpancingo, que quedó presidido por Jorge Arturo Díaz Rendón.
Por otro lado, los representantes de la Canaco aseguraron que las condiciones de seguridad en Chilpancingo han mejorado para los empresarios, aunque familias han cerrado sus negocios y emigrado a otros estados.
El presidente de Chilpancingo, Jorge Arturo Díaz, reconoció que han cerrado muchos negocios y familias se han ido a Querétaro, Morelos o Puebla para garantizar su seguridad, pero también muchos han abierto, «hay mucha resiliencia».
Señaló que la petición de los empresarios hacia el gobierno es que haya seguridad, y esta se ha mantenido en la capital, sin embargo, también han solicitado que se agilicen los trámites burocráticos para la apertura de nuevos negocios que son generadores de empleo.
Sin abundar en el tema, criticó que hay una importante cantidad de ambulantaje, por lo que hizo un llamado a las autoridades a que haya un reordenamiento en este sector.