Ángel Galeana/Chilpancingo
El Congreso local aprobó por unidamidad de votos la reforma constitucional denominada «Plan B» que impulsó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la cual pretendió tener alcances electorales pero teminó por hacer ajustes administrativos a sueldos de consejeros y magistrados de órganos electorales, integración de ayuntamientos y presupuesto de los congresos locales.
El Congreso sesionó este jueves con el único punto en el órden del día para aprobar la minuta de reforma que fue turnada por el Congreso federal. Los diputados de Morena, PT, Partido Verde, PRD y Movimiento Ciudadano sumaron 38 votos a favor; el PRI y el PAN juntaron 6 votos en contra de la propuesta.
La aprobación de la reforma fue sin debate. La junta de Coordinación Política acordó un posicionamiento por cada grupo parlamentario, por lo que en menos de hora y media fue cumplido el trámite legislativo.
El Plan B resalta que los ayuntamientos deberán tener un máximo de 15 regidurías y un mínimo de 7, así como solo una sindicatura; que los congresos locales deberán ajustar su presupuesto anual al 0.70 del gasto del estado, y que magistrados y consejeros de órganos electorales, como el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y el Tribunal Electoral del Estado no podrán ganar más que la presidenta Claudia Sheinbaum. Tampoco se les permitirá contratación de seguros de gastos médicos, pensiones privadas o seguros de vida con el presupeusto público.
Con esas medidas, el Congreso tendrá que disminuir su presupuesto en 2027. De manera total, el Poder Legislativo recibió este año 1,025 millones de pesos, de los cuales 823 millones 560 mil pesos son para el Congreso y 201 milllones 888 mil pesos para la Auditoría Superior del Estado.
Tomando en cuenta el presupuesto de Guerrero en 2026 que fue de 87 mil 394 millones de pesos, y la fórmula aprobada en el Plan B de que el Congreso deberá ajustar su presupuesto al 0.70% del ingreso total del estado, la reducción al Congreso sería aproximadamente de entre 200 y 400 millones de pesos, según se aplique de manera local, es decir: si se reduce al total de los 1,025 millones tomando en cuenta el presupuesto general, serían 400 millones, pero si solo se aplica de forma literal al Congreso, sin tomar en cuenta a la Auditoría, la reducción sería de 200 millones.
Respecto a los Ayuntamientos, solo Acapulco eliminiaría 5 regidurías, pero 50 ayuntamientos tendrían que aumentar una, y 5 ayuntamientos eliminarán 5 sindicaturas.
La diputada del PAN, Irene Montiel Servín, señaló que la reforma del Plan B cumple caprichos pero no atiende los riesgos reales de la democracia en México, como es la intromisión del crimen organizado en las elecciones. Indicó que la disminución del presupuesto que tendrá el Congreso del estado es una invación de facultades que limitarán su capacidad operativa, la vigilancia al Poder Ejecutivo a través de las auditorías y el quehacer legislativo independiente.
La diputada Erika Lührs Cortés, de Movimiento Ciudadano, votó a favor de la reforma a pesar de criticarla en todos sus sentidos, siguiendo la línea de respaldo que el partido dio en el Congreso federal. La legisladora señaló que la reforma busca concentrar el poder y debilitar de un «plumazo» las instituciones democráticas del país.
Indicó que al hablar de reducir privilegos, como es el discurso de Morena y la presidenta Claudia Sheinbaum para impulsar la reforma, se deben pensar en todos los ahorros que pudieran generar las obras «faranóicas que no sirven para nada» y, por el contrario, han causado gastos de miles de millones del herario público. Ejemplificó que el aeropuerto Felipe Ángeles ha costado 91 mil millones de pesos y ahora «hasta con inteligencia artificial quieren llenar», el Tren Maya pierde 4 mil millones de pesos anuales, la mega farmacia del Bienestar que costó 15 mil millones de pesos «y nadie sabe en dónde está y si tiene un mejoralito» o el costo de la deuda de Pemex que es de 4 mil millones de pesos diarios.
Dijo que para eliminar regidores de Ayuntamientos también se debe hablar del partido más costoso del mundo, que aunque no quiso decir el nombre, se refirió a Morena.
Por Morena, el diputado Héctor Basurto defendió la reforma al señalar que es un mandato «del pueblo» que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente. «Que los ayuntamientos atiendan a la realidad del municipio porque no puede haber estructuras robustas con privilegios que ofende a los gobernados».
Señaló que con el Plan B están avanzado a un modelo más claro, ordenado y con paridad sustantiva y responsable en el ejercicio del poder público, cerrando los espacios a la discrecionalidad presupuestal.
El coordinador de los diputados del PRD, Robel Urióstegui Patiño, señaló que es indispensable que la reforma garantice que los ayuntamientos con menor población no aumenten sus regidores bajo el argumento de la homologación normativa.
El PRI, a través de su coordinador, Alejandro Bravo Abarca, criticó que la reforma debilitará a las instituciones democráticas que se han fortalecido a lo largo de la historia del país. «Esta reforma restringe la democracia, reduce la representación y debilita las instituciones».