Carlos Navarrete Romero/ Coyuca de Catalán, Gro.
En la Sierra de Tierra Caliente el crimen organizado cambió la amapola por la tala clandestina de árboles. Para ello, se dice, utiliza al Ejército como brazo ejecutor.
La respuesta no se hizo esperar: pobladores de siete comunidades pertenecientes al ejido de Guajes de Ayala, en el municipio de Coyuca de Catalán, se armaron para defender sus bosques y advierten que, de ser necesario, enfrentarán a los militares.
Guajes de Ayala se localiza a poco más de 300 kilómetros de Chilpancingo, la capital guerrerense, y cuenta con mil 600 habitantes. Sus siete comunidades, además de rancherías, no tienen energía eléctrica ni médicos. Además, la carretera que conecta con la cabecera municipal está en condiciones deplorables. Para recorrer sus 65 kilómetros se necesitan 4 horas de viaje en una camioneta 4 por 4.
Ahí se produce maíz y amapola, pero en 2019 los campesinos reemplazaron la segunda por la explotación legal y regulada de sus árboles. Justo cuando hicieron esa transición el precio de la goma extraída de la planta se desplomó, pasando de casi 30 mil a 6 mil pesos el kilo, lo que reafirmó su decisión de introducirse en la industria de la madera a través de un programa de aprovechamiento forestal de la Semarnat.
El 15 de enero de 2019 fue el primer día de tala. Para el 30 de marzo de 2020, integrantes de un grupo criminal liderado por Crescenciano “Chano” Arreola, irrumpió en el ejido y tomó el control del campamento que utilizaban los campesinos para resguardar su herramienta de trabajo e iniciaron con la tala clandestina.
Para Javier Hernández, secretario del Comisariado Ejidal de Guajes de Ayala, y habitante de la comunidad de El Pescado, el interés del crimen organizado por la madera surgió tras la caída del precio de la amapola. Al parecer encontró en los bosques el dinero que estaba dejando de percibir con el opio.
“Debido a que eso, la amapola, ya no es negocio, ya no es lucrativo, los mismos grupos delicuenciales han optado por derribar árboles, robar madera, no solo en nuestro ejido, sino en toda la sierra de Guerrero, como en Ciénega de Puerto Alegre, en Heliodoro Castillo”.
Los pobladores afirman que el día que fueron invadidos por los sicarios de “Chano” Arreola, éstos iban resguardados por elementos del Ejército.
Javier asegura que los sicarios tienen la protección y el respaldo del mayor José Hernández Flores, destacamentado en el 109 Batallón de Infantería de El Ticuí, en el municipio de Atoyac de Álvarez.
“De acuerdo a nuestra investigación los hermanos Espino Cortés (lugartenientes de “Chano” Arreola) tienen conectes fuertes con el mayor del batallón de El Ticuí”.
Los criminales trasladaban la madera ilegal al municipio de Tecpan de Galeana, en la Costa Grande de la entidad, donde la vendían en los aserraderos.
Pero el 15 de abril del año pasado fue el último día que saquearon, pues los pobladores de las comunidades que pertenecen al ejido se organizaron y, a través de llamadas telefónicas y mensajes, solicitaron a sus contactos inmiscuidos en la industria que no facilitaran camiones de carga en esa zona, dejando a los delincuentes sin vehículos para seguir bajando los árboles que talaron de manera clandestina.
Si bien los pobladores siguen talando para uso propio, no hay condiciones para que bajen camiones con madera a Tecpan -donde la industria ha crecido-, pues el ejido de San Antonio, donde los sicarios de «Chano» Arreola tiene su bastión, es paso obligatorio.
Desde entonces, el grupo criminal ha asesinado a un joven de 24 años y desaparecido a un hombre y su hijo en la comunidad de La Vinata (en septiembre y octubre pasado). Además los pobladores no han dejado de recibir amenazas de muerte.
Esta situación los llevó a organizarse para realizar recorridos de vigilancia en su territorio y evitar una nueva irrupción de sicarios. Durante los recorridos, llevan consigo armas de fuego, sin embargo hasta el momento no se han visto obligados a usarlas.
Durante una asamblea celebrada ayer al mediodía, Javier Hernández pidió la intervención del gobernador, Héctor Astudillo Flores, para frenar la tala clandestina de árboles en esa zona del estado, y a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que investigue a los militares que brindan apoyo al crimen organizado.
En el acto, un hombre armado que forma parte de las brigadas de vigilancia lanzó una advertencia a las autoridades federales: “solicitamos la intervención del secretario de la Defensa, pues si no lo hace los enfrentamientos son inminentes con dichos militares que hacen labores de sicarios”.