Ángel Galeana/Chilpancingo
El secretario de Servicios Financieros y la subdirectora de Recursos Humanos del Congreso del estado, Andrés Orozco Pintos y Juanita Avilés Rodríguez, señalaron que es injustificada la toma del edificio del Poder Legislativo por parte de trabajadores del sindicato Sentimientos de la Nación debido a que la presidenta de la Junta de Coordinación Política, la diputada Yoloczin Domínguez Serna, ha accedido a las peticiones de diálogo que se le plantearon.
Ambos funcionarios negaron que haya hostigamiento laboral en contra de los trabajadores y reconocieron que sí existe un procedimiento interno en contra del líder sindical, Fernando Martínez Román, por la filtración de documentos referentes a recibos de nómina que se hicieron públicos. Aunque no se refirieron a los casos en particular, argumentando la protección de datos personales, los documentos están relacionados con puestos y sueldos de familiares de la diputada Yoloczin Domínguez que se publicaron en redes sociales en diciembre pasado.
Por separado, mediante un comunicado, la diputada Yoloczin Domínguez señaló que ha accedido al diálogo permanente con Fernando Martínez, a quien le hizo un llamado para que responda ante instancias legales a las acusaciones en su contra sobre sustracción indebida de documentos del Congreso.
En conferencia de prensa, Andrés Orozco y Juanita Avilés, informaron que ayer una comisión de sindicalizados sostuvo una reunión con el área de la Secretaría Técnica de la Junta de Coordinación Política, la cual fue solicitada desde el 2 de febrero por el sindicato. La parte patronal pidió que fueran convocados todos los agremiados, sin embargo, solo llegó una comisión de 15 personas, motivo por el que se raagendó una reunión para el viernes próximo.
En ese contexto, los funcionarios se dijeron sorprendidos de que los trabajadores tomaran el Congreso desde las primeras horas de esta mañana impidiendo el paso de diputados y empleados, bajo la acusación de que hay hostigamiento laboral.
Cuestionados sobre presuntos procesos abiertos en contra de agremiados al sindicato que denunció el líder sindical por la mañana, Andrés Orozco señaló que se trata de “chismes” debido a que no mostró documentación que probara sus argumentos.
Juanita Avilés explicó que sí existe un procedimiento abierto por parte de la contraloría del Congreso en contra de Fernando Martínez por la filtración de documentos de dos trabajadores, los cuales se hicieron públicos el 3 de diciembre del año pasado, y subrayó que solo es en contra del líder sindical, y no en contra de los agremiados.
Fernando Martínez es presunto responsable de filtrar dos recibos de nómina con los nombres de dos familiares de la diputada Yoloczin Domínguez Serna, en los que se exhiben puestos y sueldos, debido a que trabajaba en un área con acceso a los documentos que fueron filtrados.
Juanita Avilés señaló que a pesar de que hay un avance en el área de la contraloría sobre la investigación, el líder sindical ha recibido su sueldo y goza de sus prestaciones laborales, por lo que insistió en que no hay hostigamiento laboral en contra de ninguno de los agremiados al sindicato.
Acerca de las bases de trabajo que el sindicato acusa les fueron retiradas desde la llegada de la diputada Yoloczin Domínguez a la Junta de Coordinación Política, Juanita Avilés exhibió una resolución de la Junta de Conciliación y Arbitraje en la que se determina que fue esa autoridad la que negó que existieran 63 bases para trabajadores derivado de un mal procedimiento desde el inicio, puesto que no se publicó una convocatoria.
También exhibió que la Junta negó la toma de nota del sindicato que fue solicitada en septiembre de 2022, pese a que los acuerdos de creación entre los trabajadores se realizaron desde julio del mismo año. En ese sentido, defendió que las decisiones sobre las bases de los empleados son de una resolución legal que fue tomada por la autoridad laboral que está afuera del Congreso.
“No fue la diputada Yoloczin, no fue la no fue el licenciado Andrés, no fue su servidora, fue el Tribunal laboral el que decide o el que, más bien, resoluciona que no son bases factibles debido a que no cumplieron con un procedimiento, como es una convocatoria, y se dan de baja”, explicó.
Andrés Orozco indicó que en caso de que los trabajadores no regresen a laborar, como lo advirtieron en caso de no tener una reunión con la Junta de Coordinación Política- la administración aplicará lo que establece la ley, sin precisar si tendrán sanciones como descuentos o actas administrativas.
Por separado, la diputada Yoloczin Domínguez Serna fijó postura a través de un comunicado circulado en redes sociales, en el que indicó que ha tenido reuniones en los últimos meses de forma permanente y personal con el líder sindical Fernando Martínez, quien ha insistido que sea de esa forma, y no con la dirigencia de la organización.
Indicó que ayer se realizó una mesa de trabajo en la que participaron funcionarios administrativos de la 63 Legislatura, así como el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política, Arturo Pacheco Bedolla, sin dar más detalles.
“Por cuanto hace a los señalamientos de hostigamiento a que hace referencia, y en lo particular a una demanda que se presentó por la vía jurídica contra Martínez Román, por la sustracción indebida de documentos oficiales, le hacemos un llamado para que responda a la misma en las instancias correspondientes y con apego a las leyes que nos rigen”, escribió la diputada.
Domínguez Serna se dijo respetuosa del sindicato y en disposición de establecer una mesa de diálogo para la revisión de sus demandas.