Alina Navarrete Fernández/Chilpancingo, Gro.
Mujeres indígenas y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan exigieron a las autoridades cumplir la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Inés Fernández Ortega, así como otorgar recursos para el Centro Comunitario Casa de los Saberes “Guwá Kumá” y Casa de la Niñez Indígena con sede en Ayutla de los Libres.
En conferencia de prensa el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, Inés Fernández, las embajadoras del Centro Comunitario, Alberta Lorenzo Eugenio y Lucía Mateos González, denunciaron que, a dos años de la inauguración de las instalaciones, las autoridades no han cumplido totalmente con la sentencia que incluye la reparación del daño comunitario.
Inés Fernández dijo que se han presentado “muchos problemas”, principalmente debido a que las instalaciones estuvieron abandonadas varios meses antes de su inauguración; además, las embajadoras no cuentan con recursos propios para sostener el Centro Comunitario y sus servicios, no sólo los del inmueble, sino los que ofrecen a víctimas de violencia.
Señaló que, en ocasiones para poder atender a una mujer víctima de violencia, las embajadoras se trasladan a pie, caminando hasta 6 horas, dependiendo de la comunidad a la que tienen que acudir.
Lucía Mateos resaltó que “la necesidad más grande que hay aquí en el albergue es que no hay recursos para comprar alimentos para los niños que se quedan los fines de semana, son niños que bajan de diferentes comunidades, de muy lejos”.
Detalló que el Centro Comunitario atiende actualmente a 37 jóvenes indígenas que hablan Me’phaa y Tu’un Savi, algunos son originarios de Acatepec, pero debido a la distancia optan por quedarse en las instalaciones; “sus papás no tienen dinero para que puedan subir y bajar de sus comunidades, es por eso que exigimos al gobierno que se encargue o que dé recursos”.
Puntualizó que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en Guerrero proporciona alimentos sólo de lunes a viernes, considerando los días que los jóvenes asisten a clases; sin embargo, cuando hay suspensión de labores “no aporta el alimento”. Ante esta situación, son las embajadoras las encargadas de resolver la escasez de comida, principalmente cediendo lo que siembran.
El Centro Comunitario tampoco cuenta con Internet ni computadoras para que los jóvenes puedan cumplir con sus tareas, de manera que no abandonen sus estudios, “esas son las preocupaciones más grandes que tenemos nosotras como embajadoras”.
Abel Barrera exigió a las autoridades estatales que atiendan con urgencia las demandas históricas de las mujeres indígenas, principalmente en el área de salud; “les pedimos su compromiso, a la misma gobernadora (Evelyn Salgado Pineda) por ser mujer, le pedimos que haya un compromiso claro, muy concreto de acompañamiento y atención a las mujeres indígenas, a las niñas indígenas”.
En la conferencia estuvo un representante de la Secretaría de la Mujer Estatal, quien se comprometió a transmitir el mensaje, así como a gestionar recursos para que el Centro Comunitario pueda continuar con sus actividades.
Inés Fernández fue víctima de tortura sexual por parte de elementos del Ejército el 22 de marzo de 2002 en la comunidad indígena de Barranca Tecuani, municipio de Ayutla de los Libres; en agosto de 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció al Estado Mexicano a investigar y castigar a los militares responsables de esta agresión sexual, así como a indemnizar los agravios causados y reparar los daños a nivel comunitario.