Por: Ángel Galeana
La estrategia de seguridad “Fuerza Acapulco” que lanzó la presidenta de Acapulco, Abelina López Rodríguez, acompañada del entonces canciller Marcelo Ebrard Casaubón, no sólo no ha dado resultados en disminuir los crímenes, sino que, éstos aumentaron desde abril del 2023, cuando se pusieron en operación las 100 patrullas que rentó el Ayuntamiento a una empresa capitalina cuyo costo ya rebasó los 42 millones de pesos.
Antes de la estrategia Fuerza Acapulco, Abelina López había gobernado 19 meses, periodo en el que se cometieron 699 asesinatos. A partir de mayo del 2023 -que fue el primer mes completo con la estrategia de seguridad operando-, hasta agosto del 2024 – que es el último corte presentado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública-pasaron 16 meses de gobierno con un registro de 741 crímenes. El promedio de homicidios durante este último año ha sido de 56 por mes, si la tendencia se mantiene, Acapulco llegaría a diciembre con 672 asesinatos.
Desde que Abelina López tomó el gobierno de Acapulco el 30 de septiembre del 2021, hasta el pasado mes de agosto, se han cometido 1, 440 asesinatos, que van desde enfrentamientos armados, cuerpos abandonados en calles y automóviles, hasta crímenes de policías municipales y el director de la policía vial, Eduardo Chávez Manzanares, ejecutado la mañana del 11 de abril de este año, cuando salía de su casa.
El 19 de abril del 2023, con la presencia del ex canciller Marcelo Ebrad, que en ese momento era aspirante a candidato presidencial, la alcaldesa Abelina López Rodríguez lanzó con bombo y platillo, cerrando la Costera Miguel Alemán, la estrategia de seguridad Fuerza Acapulco, asegurando que era el “compromiso de este gobierno por la paz y la tranquilidad por los acapulqueños”, compromiso no cumplido y que, al contrario, de mantenerse las estadísticas, 2024 cerrará como el año con más ejecuciones en la administración de la morenista.
Los primeros 3 meses que Abelina López gobernó Acapulco (octubre – diciembre 2021) se cometieron 103 asesinatos en el puerto. El primer año completo de administración, el 2022, el municipio registró de manera oficial 437 asesinatos. En 2023 el número de crímenes fue de 452 y, entre enero y agosto del 2024 los índices aumentaron a 448.
En otros delitos de impacto mayor que enfrenta el municipio como secuestro, extorsión y contra la libertad personal, las estadísticas que se basan en las denuncias realizadas ante la Fiscalía, reflejan que las cifras se mantienen, salvo el secuestro, que solo en 2022 tuvo un alza en las denuncias.
En el gobierno de López Rodríguez se han sumado 13 denuncias de secuestro, 200 de extorsión y 320 sobre delitos contra la libertad personal, según la clasificación que hace el Secretariado.
Para echar a andar Fuerza Acapulco, el gobierno de Abelina López arrendó 100 patrullas y 4 ambulancias a la empresa capitalina “Casanova Vallejo”. El ex secretario del Ayuntamiento, Juan José Ayala Villaseñor, declaró el 24 de abril del año pasado, que cada patrulla rentada tiene un costo mensual de 24 mil pesos; es decir, por las 104 unidades, el Ayuntamiento eroga 2 millones 496 mil pesos cada 30 días. Fuerza Acapulco lleva 17 meses con las unidades operando, por lo que, de no haber variado el monto del contrato, el gobierno municipal ha pagado 42 millones 432 mil pesos solo en patrullas para una estrategia cuyo objetivo de garantizar la seguridad a la ciudadanía fracasó.
La alcaldesa ha eludido su responsabilidad de manera pública sobre la inseguridad de Acapulco. Ha dicho que no es la Fiscal para hablar de la ola de violencia en la que está sumergido el municipio, como lo hizo el pasado viernes en el mercado central, o que está rebasada en las facultades que le da el bando de policía y buen gobierno, como lo declaró el 8 de julio. En sus informes de gobierno, la seguridad pública no fue un rubro de mayor atención, pues ha hecho solo menciones de un par de minutos y se ha centrado en presentar una y otra vez las cifras de pagos de deudas que heredó de las administraciones que la antecedieron.
En su tercer informe de gobierno presentado 12 de septiembre de este año, sólo dedicó 2 minutos a hablar de seguridad en la casi hora y media que duró su presentación. En esos dos minutos acusó que recibió 10 patrullas, que entregó 2 uniformes a los policías, que ya contaban con 100 patrullas y que el municipio tenía mil cámaras de seguridad, fue todo.
El artículo 21 de la Constitución federal establece que “la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia.
La Constitución de Guerrero señala en su artículo 172 dentro del título de municipio libre, que “la seguridad pública estará a cargo de una policía preventiva bajo el mando del Presidente Municipal en los términos de la ley estatal correspondiente, con excepción de los convenios celebrados en la materia con los gobiernos Federal y Estatal. La policía acatará las órdenes que el Gobernador del Estado le transmita en los casos que juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público”.