Alberto Gómez/Chilpancingo
A dos años de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitiera una recomendación a favor de las víctimas de desplazamiento forzado en Guerrero, no se ha dado cumplimiento a los compromisos asumidos por el gobierno estatal, denunciaron este lunes organizaciones de derechos humanos y personas afectadas.
Teodomira Rosales Sierra, directora del Centro Regional de Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón”, acusó que no se han garantizado las condiciones mínimas de seguridad ni avances en la reubicación de las familias desplazadas. “Las víctimas deberían estar viviendo ya con tres filtros de seguridad, con certeza y estabilidad, pero nada de eso ha sucedido”.
En entrevista telefónica, Rosales Sierra informó que este lunes los desplazados sostuvieron una reunión con el subsecretario de Asuntos Políticos del Gobierno del Estado, Francisco Cisneros Rodríguez Cisneros, quien se comprometió a gestionar una mesa interinstitucional con la participación de autoridades federales, la CNDH, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Secretaría de Gobernación y el gobierno estatal, con el fin de buscar soluciones concretas.
Lamentó que, mientras los gobiernos federal y estatal anuncian la construcción de 200 viviendas en varios municipios, los desplazados siguen siendo ignorados. “Parece como si no existieran, como si no hubiera desplazados en Guerrero”, reclamó.
Según la activista, el gobierno federal ha mostrado disposición para apoyar, pero el gobierno del estado sigue sin dar una respuesta clara, a pesar de haber aceptado formalmente la recomendación de la CNDH. “Fuimos con el gobierno federal, y nos dijeron que están listos, que incluso ya han tenido reuniones, pero falta que el gobierno del estado dé respuesta”, señaló.
Rosales Sierra recordó que la encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno, Anacleta López Vega, informó que se había solicitado al Congreso del Estado una partida presupuestal para adquirir terrenos destinados a la reubicación de 125 familias de los municipios de Leonardo Bravo, Heliodoro Castillo y Zitlala. No obstante, hasta el momento no hay recursos asignados ni avances tangibles.
La defensora advirtió que la falta de atención ha generado una profunda indignación entre las víctimas, quienes siguen revictimizadas al no poder regresar a sus comunidades por la violencia, ni acceder a una nueva vida en condiciones dignas. “Hay desapariciones desde 2021 que ni siquiera se han investigado. No hay condiciones para retornar, pero tampoco para rehacer la vida en otro sitio”.
Las familias desplazadas ya identificaron terrenos viables para su reubicación en el estado de Morelos, con condiciones favorables como acceso a agua y condiciones geográficas favorables. Por ello, urgieron a las autoridades estatales a que al menos se concrete una promesa de compraventa.
“Vamos a estar insistiendo permanentemente con el gobierno estatal para que cumpla, aunque sea con la promesa de compraventa. Las víctimas no pueden seguir esperando indefinidamente”, enfatizó Rosales Sierra.
Finalmente, advirtió que si no hay respuesta en los próximos días, las víctimas y sus representantes tomarán el Palacio de Gobierno como medida de presión.