Ángel Galeana/Chilpancingo
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Jesús Urióstegui García, declaró que debe ser el Auditor General del Estado, Marco César París Peralta Hidalgo, el que aclare las irregularidades referentes a la cuenta pública 2023 del Poder Legislativo que denunció el diputado Joaquín Badillo Escamilla, en la sesión del pasado 5 de noviembre.
Entrevistado este miércoles en el Congreso, Urióstegui García señaló que las observaciones que realice un diputado, como lo hizo Badillo Escamilla, no pueden quedar sueltas, y al ser un asunto técnico, tiene que ser atendido «absolutamente por el Auditor Superior del Estado».
«Si bien es cierto que ya se aprobó en el Congreso del estado una cuenta pública, también lo es que esta legislatura, este Congreso en especial, está francción de Morena, lo digo en específico por los comentarios del compañero Joaquín Badillo en Tribuna, no pueden quedar absolutamente sueltos. Este no es un tema político, es un tema técnico que tiene que atender y desahogar absolutamente el Auditor Superior del Estado. La Auditoría Superior del Estado es un órgano dependiente del Congreso del estado, especializado en el tema, que tiene que aclara cualquier observación que exista por parte de diputados y diputadas que tengan una observación en ese sentido», declaró.
En la sesión del pasado 5 de noviembre, el Congreso aprobó la cuenta pública 2023 de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El diputado Joaquín Badillo, quien preside la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, advirtió que había observaciones y presuntas irregularidades directamente a la Cuenta Pública del Poder Legislativo, toda vez que la Auditoría sólo tomó en cuenta el 17.19% de los 751 millones de pesos que ejerció el Congreso ese año, en el cual estuvo como presidenta de la Junta de Coordinación Política, la actual diputada federal Yoloczin Domínguez Serna.
Además, expuso que la Auditoría no informó el estatus de las acciones pendientes por solventar, lo que limitaba la certeza sobre el destino total de cómo se utilizaron los recursos públicos en 2023; así como la integración de 5 promociones de responsabilidad administrativa, 2 pliegos de observaciones y 2 recomendaciones derivadas de presuntas fallas administrativas de funcionarios que ocuparon cargos en 2023.
Al respecto, el diptuado Jesús Urióstegui indicó que si bien el Congreso ya aprobó la cuenta pública, también es cierto que hay observaciones que el Auditor debe aclarar.
«La voz de un diputado no puede quedar únicamente en la Tribuna, hay una responsabilidad del órgano auxiliar del Congreso del estado para aclarar cualquier tema», comentó.
El diputado Badillo agregó este miércoles que no hay un equilibrio de la muestra auditada al Poder Legislativo con sólo el 17% de los recursos ejercidos, contra un 44% que se hizo a la Secretaría de Finanzas del Estado, o el 40% al Poder Judicial; incluso, recordó que al Poder Legislativo se le auditó en 2022 el 28%, en 2024 el 29%, y solo en el 2023 se redujo hasta el 17%.
Denunció contradicciones en la Auditoría del Estado, toda vez que, por un lado, el auditor del estado declaró en medios de comunciación que la muestra del 17% de los recursos auditados al Congreso fue en base a normas internacionales en las cuales se establece que la muestra será a determinación de la Auditoría, sin embargo, el auditor especial que realizó la fiscalización al Poder Legislativo dijo a los diputados que la muestra del 17% fue en base a una fórmula.
Badillo Escamilla indicó que pidieron al Auditor que realicen una auditoría forense al Congreso para aclarar cualquier duda sobre el ejercicio de los recursos en 2023.
Aseguró que su postura crítica a la cuenta pública del Congreso bajo la administración de Yoloczin Domínguez Serna no tiene tintes políticos de cara al proceso electoral del 2027; y es que tanto él como Domínguez Serna son aspirantes a la presidencia municipal de Acapulco.