Ángel Galeana/Chilpancingo
La diputada de Movimiento Ciudadano en el Congreso local, Erika Lührs Cortés, indicó que «le gustaría» que hubiera más pruebas contra el exgobernador Ángel Aguirre Rivero más allá de los dichos de dos exfuncionarias, de lo contrario, se corre el riesgo que cualquier persona sea encarcelada por las declaraciones que alguien haya en su contra.
Entrevistada en el Congreso, Lührs Cortés consideró lamentable que Aguirre Rivero, con 70 años de edad y una carrera política en la que fue dos veces gobernador de Guerrero esté preso; en ese sentido, pidió empatía hacia el exmandatario.
Apuntó que ella no tiene toda la información sobre la imputación que hace la Fiscalía General de la República contra Ángel Aguirre, más allá los dichos de dos exfuncionarias que se conocen públicamente, lo cual, no es suficiente para enfrentar un proceso judicial como el del exgobernador.
«Me gustaría que hubiera mucho más pruebas que esos dichos porque si no, en 12 años nos va a llegar una orden de aprehensión y nos van a decir que es por un dicho de alguien que dijo, que le dijeron, que le contaron, que escuchó de algo que pasó hace 12 años», sostuvo.
La legisladora indicó que tras 12 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ha quedado claro que es una herida para el estado que no será cerrada y pidió regresar a la esencia del caso: saber en dónde están las víctimas.
«Que no se nos olvide cuál es la esencia, no es quién dijo, quién oyó, quién señaló, quién acusó para poder salir de donde estaba, la esencia es ¿dónde están esos muchachos. ¿Por qué hay tanto acusado?, ¿Por qué hay tanta investigación?, y a ciencia cierta los padres no han tenido a sus hijos con ellos ni de una ni de otra forma», comentó.
Lo que se ha conocido hasta el momento, tras las audiencias de vinculación de Ángel Aguirre, es que la Fiscalía General de la República basa su acusación en los testimonios de la expresidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lambertina Galeana Marín y la exvisitadora general del Tribunal Superior de Justicia, Blanca María del Rocío Estrada Ortega, quienes afirman que el exgobernador ordenó la destrucción de los videos de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala en los que se habría grabado el momento en que era raptado un grupo de normalistas la noche del 26 de septiembre del 2014.