Ángel Galeana/Chilpancingo
Tras revelarse que la Fiscalía General del Estado investiga un presunto fraude en el Congreso local por la probable falsificación de firmas para la emisión y cobro de 49 cheques por un monto que se presume es millonario, diputados de distintas fracciones parlamentarias solitaron un informe a Servicios Financieros sobre todos los cheques emitidos y cobrados a su nombre para corroborar que no son víctimas.
Un día después de filtrarse a medios de comunicación la investigación que inició la Fiscalía estatal tras una denuncia que presentó la diputada de Morena Guadalupe García Villalva, los diputados guardaron silencio sobre el tema pese a que hubo sesión ordinaria.
Ni los diputados de oposición ni los del oficialismo se pronunciaron por el presunto fraude. Varios de ellos fueron buscados por medios de comunicación pero se negaron a dar un posicionamiento público. Tres coincidieron en que les «prohibieron» hablar, o que no podían decir nada, y otros argumentaron que no tenían ningún documento que les confirme una presunción de fraude.
Sin embargo, fuera de entrevista, todos confirmaron que «varios» diputados hicieron solicitudes para que les informen el registro de cheques emitidos y cobrados a su nombre, ante la duda de ser víctimas de fraude.
Uno de los diputados comentó que se presume un delito muy grave porque solo a nombre de la diputada Guadalupe Villalva se habrían cobrado los 49 cheques por un monto aproximado de 15 millones de pesos.
El legislador calificó el caso como «gravísimo» dado que, según la investigación de la Fiscalía, esos cheques se emitieron solo en lo que va del 2026; es decir que, en un máximo de 7 meses, se cobraron los 15 millones a nombre de una sola diputada, además de que se desconoce el concepto bajo el que fueron emitidos.
Cuestionado sobre si esos conceptos podrían ser de sus ingresos mensuales para gastos de gestión u otros rubros, afirmó que un diputado no recibe 15 millones de pesos ni en los 3 años de legislatura, «así no gaste ni un peso en nada, así no compre ni un plato de comida no llegamos a juntar esa cantidad».
Comentó que, además del presunto fraude a la diputada Guadalupe Villalva hay otros casos de diputados, y también se debe contar que a los trabajadores sindicalizados les hicieron creer que el Congreso contrató pólizas de seguros de vida para cada uno de ellos, lo cual realmente no ocurrió. Según el diputado, hay más de 100 millones de pesos cuyo destino se desconoce.
Otro diputado consultado sobre el tema confirmó que varios legisladores pidieron informes a servicios financieros sobre sus cheques emitidos y cobrados, sin embargo, dijo no tener a la mano ningún documento que le confirme el presunto fraude, por lo que prefirió no hacer ninguna declaración pública hasta tener confirmación a través de un documento.
Fuera de grabación, consideró que la investigación sobre el fraude «es muy rara» porque los acusados tendrían que «ser muy tontos» para hacerlo, «es algo inédito».
Otra diputada que también prefiero comentar bajo reserva de proteger su identidad, dijo que fue notificada por una de las agraviadas del presunto fraude que también su nombre está en la lista de afectadas, por lo que se sumó a pedir un informe al área de servicios financieros a fin de cotejar los que ella recibió contra los que se han emitido y cobrado a su nombre.
El tema del presunto fraude de cheques cayó como bomba dentro del Congreso. En todas las áreas se comentó el tema, y aunque los diputados no hicieron comentarios públicos, sí hubo pláticas entre distintos grupos de legisladores.
En la sesión platicaron varios minutos el actual presidente de la Junta de Coordinación Política, Joaquín Badillo Escamilla y quien fue presidenta del mismo órgano de gobierno al final de la pasada legislatura, Citlali Calixto Jiménez.
Uno de los investigados por el fraude es Esli Joanan Navarrete Cisneros, ex director de Servicios Financieros, quien estuvo en el cargo durante la administración de Citlali Calixto y siguió con el diputado Jesús Urióstegui García, en cuya administración habría ocurrido el presunto fraude que investiga la Fiscalía.
El ex funcionario fue despedido días después de que el diputado Joaquín Badillo llegó a la Jucopo, el pasado 10 de junio. No fue un despido cordial, fuentes del Congreso afirmaron que Esli Joanan fue prácticamente sacado a la fuerza, con la irrupción en su oficina de la nueva administración.
Al término de la sesión de ayer se quedaron varios minutos en el salón de plenos los diputados morenistas Joaquín Badillo, Marisol Bazán Fernández, Carlos Bello Solano, Héctor Suárez Basurto, Miguel Ángel Rabadán Alvar y la diputada que presentó la denuncia ante la Fiscalía, Guadalupe García Villalva.
Luego de esa reunión, el diputado Joaquín Badillo dijo en entrevista que el Congreso ya entregó la información que le solicitó la Fiscalía estatal. Señaló que el Congreso no será un tribunal que determine si se cometió el delito y si hay o no culpables.