Alberto Gómez/Chilpancingo
Comisarios de al menos 6 comunidades de la sierra de Chilpancingo, denunciaron la falta de servicios básicos y el desabasto de productos en sus localidades y en las del municipio de Juan R. Escudero, luego de los operativos desplegados desde el martes por fuerzas federales y estatales.
Autoridades de Tlahuizapa, Coacoyulillo, El Pueblito, Agua Hernández, Carrizal de Pinzón y otras comunidades señalaron que durante al menos dos días permanecieron sin energía eléctrica y comunicación telefónica, mientras que las clases fueron suspendidas debido a que los maestros dejaron de acudir a las localidades.
A esto se suma, dijeron, la suspensión de la atención médica y las dificultades para abastecer las tiendas de la región, debido a que los proveedores dejaron de ingresar, por lo que los productos básicos comenzaron a escasear.
Los representantes comunitarios fueron interceptados cuando descendían de la Sierra, a la altura de la zona industrial del Parque Industrial de El Ocotito, donde elementos de la Guardia Nacional y de la Policía del Estado mantenían un dispositivo de seguridad con vehículos blindados.
Los comisarios explicaron que pretendían llegar a El Ocotito para realizar una reunión con habitantes de distintas comunidades y buscar un acercamiento con autoridades estatales y federales, pero no pudieron avanzar hacia ese punto.
Aseguraron que su intención no era bloquear la Autopista del Sol ni la carretera federal México-Acapulco, sino plantear directamente las afectaciones provocadas por los operativos realizados por la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Fiscalía General de la República.
Los representantes comunitarios reconocieron que las instituciones de seguridad tienen la facultad de combatir a los grupos delictivos que operan en la zona; sin embargo, acusaron que durante las acciones también se han registrado detenciones que consideran injustificadas.
Según sus testimonios, algunas personas fueron sacadas de sus domicilios y establecimientos sin que, hasta donde tienen conocimiento, existieran órdenes judiciales en su contra.
También denunciaron consecuencias derivadas de los enfrentamientos y forcejeos ocurridos durante la intervención de las fuerzas de seguridad. En Coacoyulillo, afirmaron, al menos seis personas resultaron lesionadas.
En Tlahuizapa, agregaron, una persona habría fallecido posteriormente por las secuelas que, según los habitantes, le provocó la inhalación de humo de una bomba de gas lacrimógeno utilizada durante los hechos.
Los comisarios insistieron en que las comunidades no buscan confrontarse con las autoridades ni impedir las labores de seguridad, pero demandaron que los operativos se desarrollen sin abusos y con respeto a la población.
Ante la situación, pidieron establecer una mesa de diálogo con los gobiernos estatal y federal para revisar las denuncias de los habitantes, garantizar el restablecimiento de los servicios y permitir que las comunidades recuperen sus actividades habituales.
También reiteraron que no tienen como objetivo afectar el tránsito en las principales vías de comunicación de la región y que su principal demanda es ser escuchados por las autoridades.