Alberto Gómez/Chilpancingo
Los gobiernos municipales de Mochitlán y Quechultenango se deslindaron de los hechos registrados el jueves 17 de septiembre en distintos puntos de ambos municipios, luego del ingreso de elementos de corporaciones estatales y federales que derivó en disturbios y personas lesionadas.
A través de comunicados por separado, ambos ayuntamientos señalaron que no convocaron, organizaron ni promovieron actos de confrontación contra las autoridades de seguridad y sostuvieron que sus intervenciones estuvieron encaminadas a preservar la tranquilidad y evitar una escalada del conflicto.
El Gobierno Municipal de Mochitlán se refirió específicamente a los acontecimientos registrados en el punto conocido como Crucero Zacatzonapa, sobre la carretera Mochitlán-Quechultenango, donde, de acuerdo con los reportes conocidos por el municipio, se registró un incidente con participación de elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Policía Estatal, durante un bloqueo realizado por particulares.
La administración municipal de Mochitlán estableció que no tuvo participación en los hechos y aseguró que informó de manera puntual a la Mesa de Seguridad de la Montaña Baja sobre la situación que se estaba desarrollando, manteniendo comunicación institucional con las autoridades correspondientes.
Por su parte, el Ayuntamiento de Quechultenango informó que durante el día se registró la presencia de elementos de distintas corporaciones de seguridad de los órdenes estatal y federal, así como del Ejército Mexicano, situación que provocó la concentración de habitantes y una serie de acontecimientos que posteriormente fueron reportados públicamente.
El gobierno encabezado por el presidente municipal David Astudillo Morales afirmó que actuó dentro de sus atribuciones y que privilegió el diálogo y la coordinación con las autoridades competentes para buscar una salida pacífica y proteger la integridad de la población.
Precisó que cualquier determinación, expresión o conducta realizada de manera individual por particulares corresponde exclusivamente a quienes la ejecutaron y no puede atribuirse al Ayuntamiento ni a sus integrantes.
Asimismo, señaló que la administración municipal no convocó, organizó, instruyó ni promovió acciones de confrontación contra alguna autoridad.
De acuerdo con el comunicado, el alcalde sostuvo comunicación con representantes del Gobierno del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública y la Guardia Nacional, con el objetivo de encontrar una solución por las vías institucionales y evitar consecuencias de mayor gravedad.
El Ayuntamiento de Quechultenango indicó que, derivado del diálogo entre las autoridades y los actores involucrados, los elementos de las corporaciones de seguridad que permanecían en el lugar finalmente se retiraron, con lo que se evitó una mayor escalada del conflicto.
Respecto a las personas lesionadas y a cualquier posible pérdida de vida relacionada con los acontecimientos, el gobierno municipal expresó solidaridad con las víctimas y sus familias, pero evitó establecer responsabilidades o anticipar conclusiones sobre la actuación de ciudadanos, servidores públicos o elementos de seguridad.
Consideró que corresponde a las autoridades legalmente competentes realizar las investigaciones para esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos, determinar la participación de cada persona y establecer, en su caso, las responsabilidades conforme a derecho.
El Ayuntamiento de Quechultenango manifestó además su disposición para colaborar con las autoridades estatales y federales y proporcionar la información institucional que sea requerida para el esclarecimiento de los acontecimientos.
Ambos gobiernos municipales coincidieron en llamar a la población a mantener la calma, evitar nuevas confrontaciones y permitir que las investigaciones se desarrollen por los cauces institucionales.
Mochitlán reiteró su compromiso con el Estado de Derecho, el respeto a los derechos humanos, la seguridad de las familias y la gobernabilidad, mientras que Quechultenango sostuvo que no respaldará actos de violencia, agresiones, daños a bienes públicos o privados ni conductas contrarias a la ley.
Ambos ayuntamientos señalaron que su prioridad es preservar la vida, la integridad de las personas, la paz social y la seguridad de sus comunidades, además de mantener la coordinación con las instituciones de los tres órdenes de gobierno.