Alberto Gómez/Chilpancingo
Pobladores de la Sierra de Ajuchitán del Progreso denunciaron el abandono de sus comunidades tras la salida del Ejército Mexicano, situación que, aseguraron, ha generado un nuevo escenario de inseguridad, temor entre las familias y semi parálisis en parte de las actividades del campo.
A través de un comunicado, habitantes de la zona señalaron que desde hace más de tres días no cuentan con la presencia militar que anteriormente realizaba labores de vigilancia, pese a que, afirmaron, existía el compromiso de las autoridades federales y estatales de mantener condiciones de seguridad en las comunidades.
Los pobladores denunciaron además la posible presencia y vigilancia de grupos delictivos en sectores que no han sido incluidos en los recorridos de las corporaciones.
Indicaron que en los alrededores de Mesa de Cerro Azul han detectado durante la noche el sobrevuelo de drones, lo que ha incrementado la preocupación de quienes viven en la zona.
A esta situación se suma, la limitada capacidad operativa de la Policía Estatal. Precisaron que el destacamento ubicado en Frenos de Puerto Rico dispone solamente de una patrulla y dos agentes, lo que consideran insuficiente para cubrir las comunidades serranas y los caminos que las comunican.
Señalaron que la situación ha provocado que campesinos dedicados al cultivo de aguacate y maíz, así como a la producción de mezcal y la crianza de ganado, reduzcan sus desplazamientos hacia sus terrenos debido al riesgo de ser interceptados o privados de la libertad.
Los habitantes recordaron que en distintas comunidades de la Sierra, entre ellas Los Bayados, El Balcón, Guajes de Ayala, El Durazno y Mesas del Parotal, se han registrado antecedentes de inseguridad.
Por ello, solicitaron a la Secretaría de Protección Ciudadana reforzar de inmediato la vigilancia y evitar que la región quede nuevamente sin una presencia efectiva de las instituciones de seguridad.
Una de sus principales peticiones consiste en que el cuartel de Frenos de Puerto Rico sea ocupado por elementos de la Guardia Nacional, Ejército o Marina, quienes, plantearon, deberían establecer recorridos permanentes por las comunidades y caminos de la región.
Los habitantes también exigieron que se retomen los compromisos establecidos previamente con las comunidades serranas y que las autoridades atiendan la situación antes de que se produzcan nuevos desplazamientos.
Advirtieron que mantener a las comunidades en condiciones de inseguridad podría obligar a las familias campesinas a abandonar sus tierras, pese a que representan el patrimonio construido durante generaciones, «tenemos derecho a ser escuchados» expresaron.
Los integrantes de La Sierra Unida, hicieron un llamado a los gobiernos federal y estatal para intervenir de manera urgente y evitar que la población tenga que decidir entre abandonar sus comunidades o buscar mecanismos propios para protegerse.