Ángel Galeana/Chilpancingo
La diputada morenista Araceli Ocampo Manzanares pidió en el Congreso la comparecencia de la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Cecilia Narciso Gaytán y del Fiscal General del Estado, Zipacná Torres Ojeda, para que informen las medidas institucionales de prevención y protección para atender los casos de violencia contra las mujeres, sin embargo, de última hora le quitó el sentido de urgencia, por lo que la propuesta se envió a la Junta de Coordinación Política donde, en algún momento, será dictaminada.
La propuesta de la diputada es que ambos funcionarios se presenten por primera vez a comparecer ante los diputados, tras la agresión que sufrió Estefani Rendón Ornelas el pasado 13 de octubre afuera de la primaria José María Morelos y Pavón en Chilpancingo, a manos de su ex pareja, Nelson Isaí Gallardo Don Juan. Del caso, la víctima y sus familiares denunciaron que el ministerio público pretendía catalogar la agresión como intrafamiliar cuando debería ser considerada como intento de feminicidio. Finalmente, ayer el agresor fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio en grado de tentativa inacabada.
En ese contexto, la diputada presentó su propuesta en la sesión de este martes. La iniciativa era que el Congreso decidiera de urgente y obvia resolución el punto de acuerdo, es decir, que decidiera hoy mismo si citaba a comparecer a los funcionarios, pero de última hora cambió el sentido, y solicitó que fuera turnada a comisiones para que inicie todo un proceso legislativo que podría tardar meses.
Ocampo Manzanarez señaló que la Constitución estatal establece que todas las autoridades tienen obligación de promover, proteger y garantizar los derechos humanos, así como prevenir, sancionar y reparar sus violaciones.
Apuntó que el sentido de las comparecencias es que quieren saber los mecanismos que tiene la Fiscalía Estatal para valorar los riesgos, adoptar y dar seguimeinto a medidas de protección para mujeres violentadas, así como los mecanismos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para atender posibles omisiones institucionales y acompañar dentro de sus atribuciones la defensa de derechos de las víctimas.