Ángel Galeana/Chilpancingo
Diputados del Congreso local aprobaron por unanimidad el exhorto dirigido a autoriades federales y estatales de la Secretaría de Salud y del IMSS-Bienestar para que realicen un diagnóstico técnico y operativo del hospital del municipio de Arcelia, y garanticen su rehabilitación, equipamiento, médicos y medicinas; este proyecto generó una disputa la semana pasada entre Morena y el PRI.
En la sesión de este martes, las comisiones de Salud y de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, presentaron el dictamen que quedó pendiente desde la semana pasada. Aunque se trata de un simple exhorto que no tiene mayores alcances que un llamado del Poder Legislativo a las autoridades correspondientes, la semana pasada generó una disputa entre diputados de Morena y del PRI.
Cabe recordar que la sesión del miércoles 4 de noviembre se suspendió porque no llegaron diputados de Morena al pleno de sesiones luego de 2 horas de retraso, a pesar de que los legisladores estaban en un salón contiguo. El PRI acusó que la fracción morenista que no quiso discutir el exhorto para la atención del Hospital del Arcelia, luego de que 8 días antes habían votado en contra otro exhorto para que se garantizaran medicinas y equipamiento en hospitales. Los diputados de Morena negaron la acusación y refutaron que lo que no respaldan son las intenciones de sacar «raja política» de un demanda histórica en materia de salud.
Finalmente el exhorto fue presentado en la sesión de este martes y aprobado por unanimidad de 32 votos, sin discusión.
La diputada Beatriz Vélez Núñez, quien presentó el dictamen, señaló que el hospital del Arcelia atiende a los 9 municipios de la región de Tierra Caliente, sin embargo, tiene un deterioro visible en sus instalaciones. Según fotos exhibidas por el PRI la semana pasada, tiene los plafones del techo desprendidos y el drenaje con fallas.
Vélez Núñez indicó que el derecho a la salud no es una declaración programática ni una aspiración política, sino un derecho humano fundamental reconocido en la Constitución que obliga a todas las autoridades a promover, proteger y garantizar los derechos humanos bajo los principios de universalidad, independencia, indivisibilidad y progresividad.