Rector de la UAGro y magistrados del TEE se amparan para no transparentar su salario

Vanessa Cuevas

Chilpancingo, Gro; 08 de Julio del 2019.-El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), Javier Saldaña Almazán, y los magistrados del Tribunal Electoral del Estado (TEE) se ampararon para no dar a conocer su salario ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero (ITAIGro), bajo el argumento de no exponerse.

Ante la falta de la resolución del amparo, el ITAIGro no puede desahogar el tema, por lo que hasta el momento los salarios del rector, Javier Saldaña Almazán; y de los magistrados, Ramón Ramos Piedra, Hilda Rosa Delgado Brito, J. Inés Betancourt Salgado, Emiliano Lozano Cruz y René Patrón Muñoz, siguen sin ser públicos.

A principios de este año, el presidente del TEE, Ramos Piedra señaló que estaba impedido en dar a conocer sus salarios, dado que el resto de sus compañeros acordó “reservar” esa información por considerar que su publicación ponía en riesgo la integridad de los magistrados.

Mientras que el magistrado Emiliano Lozano Cruz, denunció públicamente a Ramón Ramos, por negarse a transparentar los salarios de cuatro jueces electorales, luego de señalar que su salario es de 53 mil pesos quincenales.

De acuerdo a la página oficial del Tribunal Electoral del Estado, en la sección de Transparencia, los sueldos y salarios, así como las compensaciones, bonos y prestaciones  de los cinco magistrados aparecen ceros.

Mientras que en la página oficial de la Universidad Autónoma de Guerrero, en la sección de Transparencia, ni siquiera aparece la descripción de los sueldos y salarios que detallen cuánto gana el rector de la máxima casa de estudios.

De acuerdo al comisionado del ITAIGro, Pedro Arzeta García, tanto el rector de la máxima casa de estudios, como los magistrados, sí les asiste el derecho de amprarse, sin embargo indicó que para que el ITAIGro pueda resolver favorablemente el no transparentar cuánto ganan, deben  contar con una “prueba de daños”, en el que se demuestre que los funcionarios públicos fueron amenazados y que se tenga una denuncia de hechos, por lo que están en espera del resolutivo del amparo. 

En entrevista, el comisionado Pedro Arzeta señaló que si se deja un precedente de que se está protegiendo el salario de un funcionario público, “se podrían venir en cascada las peticiones en ese sentido”.

Indicó que prevé que se presenten más amparos, derivado de la situación de inseguridad que se tiene en el estado y el país, pero advirtió que en caso de no tener los elementos para no presentar su salario públicamente, se estaría cayendo en una irregularidad.

De acuerdo al comisionado, el amparo que presentó el rector fue emitido desde el año pasado, pero hasta el momento no han se dado una resolución al respecto.

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