Redacción
Chilpancingo, Gro. 01-Agosto-2019
El diputado federal por Morena, Rubén Cayetano García, presentó este jueves una demanda de juicio político en contra de los diputados que integran la Comisión Permanente y la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local por abandono al cargo, luego de que éstos se autorizaron tres semanas de descanso.
Expresó que su intención es que los legisladores locales sean destituidos y se llame de inmediato a sus suplentes para que rindan protesta y se ofrezca «una nueva alternativa política» al Congreso de Guerrero.
Este jueves al mediodía, Cayetano García ofreció una conferencia de prensa en la sede del Poder Legislativo, para informar que acudió al área jurídica del Congreso donde tramitó la solicitud dejuicio político en contra de 27 diputados (10 de Morena, siete del PRI, cinco del PRD, dos del PVEM, y uno del PT, PAN y Movimiento Ciudadano).
Explicó que la razón es el descanso de 21 días que se tomaron tanto los integrantes de la Comisión Permanente como los de la Jucopo en el actual periodo de receso.
Cayetano García recordó que la Comisión Permanente tiene la obligación de dar curso y atender asuntos que la ley le confiere durante los periodos de receso, para que las funciones del Congreso no se abandonen ni generen una parálisis, ausencia o vacío en uno de los poderes del Estado.
Indicó que la Ley Orgánica del Poder Legislativo establece que los diputados que integran ese órgano deben sesionar, al menos, una vez a la quincena en los días y las horas que el presidente de la Mesa indique formalmente.
«Ninguna Comisión Permanente legalmente instalada había rebasado jamás los 15 días para sesionar y atender la agenda del Poder Legislativo del Estado, sin embargo es el caso de que quienes son sujetos de juicio político, incurrieron en flagrante desacato a dichas obligaciones inherentes al cargo de responsabilidad popular que ostentan».
Aseguró que los legisladores locales han violado las constituciones federal y estatal, y una serie de leyes que de ellas emanan, al abandonar su responsabilidad pública que, afirmó, ha traído graves consecuencias como omisiones y la evasión de sus responsabilidades políticas.
Afirmó que el Congreso de Guerrero es uno de los más improductivos del país y recordó que la actual legislatura rompió con el mandato de aprobar el presupuesto dentro del plazo que establece la ley, además de que «sin un reclamo o movimiento violento o radical» de sus trabajadores, decidió cambiar la sede del Congreso en el último paro laboral de la base trabajadora.
«En los hechos, con el comportamiento de los legisladores acusados, no sólo se desertó del cargo y se soslayaron las constituciones, sino que se desampararon las funciones del legislativo y se creó un desgobierno que deja la representación popular en desatención e indefensión perjudicial para el pueblo de Guerrero y la democracia, suficiente argumento para que les sea revocado el cargo como legisladores».
Los diputados en contra de quienes solicitó el juicio político son María Verónica Muñoz Parra, Norma Otilia Hernández Martínez, Perla Edith Martínez Ríos y Adalid Pérez Galeana.
También Aracely Alhelí Alvarado González, Bernardo Ortega Jiménez, Eunice Monzón García, Nilsan Hilario Mendoza, Heriberto Huicochea Vázquez, Arturo Martínez Núñez, Héctor Ocampo Arcos, Alfredo Sánchez Esquivel y Dimma Guadalupe Salgado Apátiga.
Además de Mariana Itallitzin García Guillén, Antonio Helguera Jiménez, Olaguer Hernández Flores, Ossiel Pacheco Salas, Alicia Elizabeth Zamora Villalva, Erika Valencia Cardona, Fabiola Rafael Dircio, Jesús Villanueva Vega, Héctor Apreza Patrón, Celestino Cesáreo Guzmán, Manuel Quiñonez Cortés, Leticia Mosso Hernández, Guadalupe González Suástegui y Arturo López Sugía.