Carlos Navarrete Romero
Chilpancingo, Gro. 06-Agosto-2019
Jennifer, de 14 años, fue obligada a parir al hijo de su violador.
En abril de 2016 fue abusada sexualmente por un vecino, en Taxco. Padece discapacidad intelectual (retraso cognitivo y de aprendizaje), lo que facilitó a su agresor cometer el delito sin que nadie se diera cuenta.
La familia lo descubrió luego de llevarla a una consulta médica en un centro de salud, donde le informaron que presentaba un embarazo de 11.5 semanas. Tras recibir la noticia su madre solicitó que se le practicara un aborto, pero el personal se negó argumentando que lo que pedía era un homicidio, entre otros criterios morales y religiosos.
Jennifer fue remitida al Hospital General Adolfo Prieto. Ahí, luego de estudiar el caso, el personal del Servicio Especializado para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar y Sexual (SEPAVI) solicitó al Hospital interrumpir el embarazo, haciendo valer la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM-046), que permite a una mujer acceder a un aborto en clínicas del sector público si el embarazo es producto de una violación, sin necesidad de presentar una denuncia y sin la autorización del Ministerio Público, como lo exige la actual redacción del Código Penal de Guerrero.
Foto: Carlos Navarrete Romero
La madre de Jennifer autorizó el aborto. Por tratarse de una menor era indispensable su consentimiento. La víctima fue internada, pero el aborto nunca se practicó.
El SEPAVI confirmó que Jennifer fue manipulada e intimidada por el personal del hospital. El médico en turno, así como el especialista que la atenderían le hablaron sobre los supuestos riesgos: pérdida del útero y esterilidad. Además todo el Hospital se declaró objetor de conciencia (derecho a rechazar prácticas que atentan contra sus principios morales o éticos).
Finalmente Jennifer fue obligada a parir. Con el tiempo a su hijo le diagnosticaron discapacidad auditiva.
:::::::::::::::::::::::::::::::
En marzo pasado organizaciones feministas solicitaron a la federación que decrete una segunda alerta por violencia de género en la entidad, ahora por agravio comparado, a fin de que el Gobierno del estado y el Congreso local homologuen el Código Penal con la NOM-046.
coordinadora del Observatorio Ciudadano de Violencia hacia las Mujeres.
Foto: Carlos Navarrete Romero
Las solicitantes denunciaron en su momento que las mujeres en Guerrero enfrentan regulaciones restrictivas, obstáculos para el acceso a servicios de salud para un aborto seguro, y un contexto de criminalización y estigma.
Actualmente el Código Penal, en su artículo 159, establece que el aborto no será castigado cuando el embarazo resulte de una violación, siempre y cuando se presente una denuncia ante el Ministerio Público, que a su vez deberá emitir una autorización para la interrupción del embarazo.
Sin embargo, la coordinadora del Observatorio Ciudadano de Violencia hacia las Mujeres en Guerrero, Viridiana Gutiérrez Sotelo, ha denunciado que ese mandato no se acata.
La solicitud fue admitida por el Gobierno federal, por lo que se integró un grupo de trabajo para estudiar la situación de los derechos humanos de las mujeres en el estado, a fin de determinar si se decreta o no la alerta por agravio comparado.
El grupo -integrado por cuatro académicas, un representante de la CNDH, una del Instituto Nacional de la Mujer y otra de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim)- emitió varias recomendaciones al Gobierno del estado, al Congreso local y a la Fiscalía General del Estado (FGE), para combatir y disminuir los índices de violencia sexual en la entidad en un lapso de seis meses.
Entre éstas recomendaciones está homologar el Código Penal con la NOM-046. Si las autoridades responsables no las atienden de manera efectiva, la Segob decretará la alerta.
:::::::::::::::::::::::::::::::
Un informe elaborado por el grupo de trabajo revela que de 2016 a 2019 se abrieron en Guerrero 13 carpetas de investigación por el delito de aborto.
En el mismo periodo las autoridades documentaron un total de 643 denuncias por violación sexual contra mujeres, pero sólo se iniciaron 118 carpetas de investigación: 45 en 2016, 35 en 2017, 33 en 2018 y 5 en 2019. Los municipios con más casos fueron Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Tlapa y Zihuatanejo, que también están incluidos en la primera alerta decretada en junio de 2017.
Las cifras reflejan que las mujeres que pertenecen a familias pobres son las más vulnerables. El 24 % de las víctimas son de un nivel socioeconómico medio, el 60 por ciento de nivel bajo, y del 16 % restante se desconoce esa situación.
Durante el estudio que realizó el grupo de trabajo, el Gobierno del estado reportó que 14 mujeres que fueron violadas de 2016 a 2018, solicitaron y tuvieron acceso a un aborto.
En 2016 interrumpió su embarazo una joven de 15 años; en 2017 lo hicieron cuatro de 14, 15, 17 y 19; en 2018 lo hicieron seis: cuatro de 16, una de 28 y otra de 31; mientras que en 2019 lo han hecho tres mujeres de 16, 18 y 20 años.
Gráfica obtenida del informe del Grupo de Trabajo conformado par atender la solicitud de alerta de género y que está disponible en la página de la Conavim.
Uno de estos casos corresponde a una estudiante de la preparatoria de Ometepec, de 16 años, quien resultó embarazada luego de ser violada por un amigo de su hermano. Ella trató de ocultarlo, pero su familia lo descubrió cuando ya presentaba 14 semanas.
Al cumplir las 20 semanas de gestación se solicitó la interrupción del embarazo ante el Ministerio Público, sin embargo la agente que atendió el caso le propuso a la joven tener al producto de su violación para que, después del parto, se lo regalara.
Viridiana Gutiérrez dio acompañamiento personal a este caso y sufrió acoso de las autoridades ministeriales por insistir en que se respetara el derecho de la víctima a abortar. Ante esa situación hizo una solicitud formal a la Secretaría de Salud para que se hiciera efectiva la NOM-046.
Un día después de la petición, una patrulla de la Policía Ministerial se trasladó al domicilio de la joven para llevarla al hospital a que le practicaran el aborto. Los agentes que la acompañaron le advirtieron que en caso de que en sus investigaciones concluyeran que no fue violada habría repercusiones en su contra.
Gráfica obtenida del informe del Grupo de Trabajo conformado par atender la solicitud de alerta de género y que está disponible en la página de la Conavim.
:::::::::::::::::::::::::::::::
El Observatorio Ciudadano de Violencia hacia las Mujeres y Médicos sin Fronteras han documentado casos que dejan en evidencia la falta de capacitación del personal de la Secretaría de Salud, que encabeza Carlos de la Peña Pintos.
En 2018 Alejandra, una niña de 13 años, originaria de la comunidad de Tuncingo, perteneciente al puerto de Acapulco, fue abusada sexualmente por un vecino del lugar.
La menor quedó embarazada, por lo que ambas organizaciones intervinieron para que la víctima tuviera acceso a un aborto. Sin embargo en el centro de salud que la atendió se negaron. Viridiana Gutiérrez asegura que el personal médico convenció a la familia de que tener un hijo es “una bendición”.
Además se ofrecieron a colocarle un DIU a la hermana menor de Alejandra, de 9 años, para que, en caso de que también fuera violada, no tuviera que lidiar con un embarazo.
Este caso fue retomado por el grupo de trabajo en su informe y determinó que el personal de salud en Guerrero normaliza la violencia sexual.
“Con relación a lo señalado, las organizaciones de la sociedad civil entrevistadas por el Grupo de Trabajo, fueron coincidentes al indicar que en las instancias de salud y de acceso a la justicia, prevalece un profundo desconocimiento sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, así como sobre los contenidos de la NOM-046”.
Si bien el Gobierno del estado aceptó ya las recomendaciones del grupo de trabajo, no ha informado públicamente qué acciones emprenderá para frenar la violencia sexual en contra de las mujeres y capacitar al personal del sector salud. Hasta el momento, el Congreso local no se ha pronunciado al respecto.
:::::::::::::::::::::::::::::::
Alejandra parió sola, en su casa, sin atención médica y en condiciones precarias. Tuvo una niña que nació prematura y murió días después en un hospital.
A su madre, quien no sabe leer ni escribir, se le ha visto mendigar en un centro comercial de Acapulco. Por temor a que se repita la historia llevó a Alejandra a un hospital donde le implantaron un DIU, porque, a decir de las autoridades, es más fácil prevenir un embarazo que una violación.
Nota: Por respeto a las víctimas, sus nombres reales fueron omitidos en este reportaje.