Vanessa Cuevas
Chilpancingo, Gro;03-septiembre-2019.
El diputado local por Morena, Antonio Helguera Jiménez presentó en tribuna una propuesta para exhortar al Ejecutivo estatal a que impulse mejores estrategias para el combate en el desplazamiento forzado de familias guerrerenses; sin embargo, la propuesta no fue aprobada como un asunto de urgente y obvia resolución, por lo que fue enviada a la Comisión de Derechos Humanos para su análisis y discusión.
El diputado morenista fundamentó en tribuna que el gobierno del estado de Guerrero, no hace lo necesario sino lo mero urgente, para atender a los guerrerenses a los que la violencia ha desplazado, “pareciera que hay un gesto permisivo e indolente al no atacar el problema de raíz”.
“Todos los gobiernos que ha tenido Guerrero reconocen este fenómeno, pero sin los contextos serios de realidades insoslayables que se han acentuado hay que decirlo por estrategias y políticas públicas erráticas, por indolencia o incapacidad para hacer prevalecer el Estado de derecho, y así garantizar el cumplimiento con los derechos universales de los mexicanos y de los guerrerenses en particular, como el de la vida, la libertad y la seguridad personal”, argumento el diputado.
En tribuna el coordinador de la bancada de Morena, señaló que la situación de vulnerabilidad de los desplazados se agudiza más porque el gobierno de Guerrero se resiste a aceptar esta realidad de desplazamiento forzado, dejándolos en estado de indefensión, que nada tiene que ver con el fenómeno migrante, al señalar que el desplazamiento forzado, incluye la salida de grupos o comunidades enteras cuya vida están en riesgo en todos los aspectos, siendo más vulnerables, con una vida de incertidumbres, y además “estigmatizados”.
El también presidente de la Junta de Coordinación de Política (Jucopo) señaló que en Guerrero, las historias de estos hechos son una constante como la indiferencia del gobierno local para resolverlo, al no observarse voluntad plena para que así suceda, donde existen desplazamientos de comunidades de la sierra de los municipios de San Miguel Totolapan, Heliodoro Castillo, Leonardo Bravo, Apaxtla de Castrejón y Chilapa de Álvarez.
Manifestó que los guerrerenses huyen de sus lugares de origen o residencia ante la extorsión de organizaciones de criminales, quienes les cobraban cuotas por todo y los amenazan de muerte cuando ya no pueden pagar, y otros más, fueron asesinados.
Helguera Jiménez indicó que en un principio, el gobierno estatal minimizó la situación, calificando de “emigrantes internos” a más de mil desplazados de San Miguel Totolapan, que abandonaron cuatro comunidades el pasado 17 de julio de ese año; y en ese mismo mes otras mil personas abandonaron sus comunidades y huyeron hacia para refugiarse en Huautla y Tlacotepec, zona que también ha reportado desplazamiento pobladores.
Detalló que en agosto de 2013, más de 200 personas desplazadas por la narcoviolencia de la comunidad de Las Shascuitas y Las Mesas del municipio de San Miguel Totolapan, se refugiaron en otros municipios exigiendo a los gobiernos federal y estatal su reubicación en una zona segura y apoyos económicos para “reiniciar sus vidas porque perdieron todo”.
Señaló que de acuerdo al Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, hay más de 6 mil personas desplazadas en el estado.
Manifestando que a pesar de que el gobierno de Guerrero asegura que los desplazados de Filo de Caballos, los Morros y Campo de Aviación se les han brindado servicios médicos, y enseres domésticos desde su arribo a Chichihualco el 12 de noviembre pasado, pero dijo que esto no es suficiente, porque ha sido temporal, cuando se requiere atención y apoyo permanente y más amplio, con carácter integral.
Ante los argumentos, el diputado exhortó al gobierno del estado establecer que las acciones que se desplieguen sean acompañadas de programas gubernamentales que permitan la restitución de los derechos fundamentales de las familias afectadas por la violencia criminal, para acceder a una vida libre de violencia, con desarrollo y oportunidades, pero no se aprobó como asunto de urgente y obvia resolución, por lo que envió a Comisión.