Hipólito Lugo Cortés es licenciado en Derecho, maestro en Ciencias, Área de Derecho Público, y tiene estudios de doctorado en Derechos Humanos. Es coordinador de la Oficina en Guerrero de la CNDH. Fue secretario ejecutivo, secretario técnico, visitador general, y presidente del Comité para la Investigación de la Desaparición Forzada de Personas. También se desempeñó como presidente interino en la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero.
Acapulco, Gro. 20-Noviembre-2019
Las Comisiones Públicas de Derechos humanos, también consideradas procuradurías o defensorías del pueblo, son organismos que ejercen funciones de carácter administrativo, son Órganos Constitucionales Autónomos que no están adscritos a los clásicos Poderes del Estado -Judicial, Legislativo y Ejecutivo-; el artículo 102 Apartado B Constitucional, delimita su actuación en dos ámbitos: a) le da competencia positiva, para conocer de quejas por actos u omisiones de naturaleza administrativa, que provengan de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación y que esos actos violen derechos humanos; y, b) regula competencia negativa, esto es, no conocerán de actos entre particulares, asuntos electorales, laborales, ni asuntos jurisdiccionales.
A partir del 28 de enero de 1992, surge un sistema nacional de protección de los derechos humanos en México, al incorporarse a la Constitución Política del País en el precitado artículo la existencia de estas comisiones; pero pocos saben que al año siguiente surge la denominada Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, que aglutina a las 33 comisiones hasta ahora existentes.
Los días 13, 14 y 15 de mayo de 1993, se reunieron por primera vez en el entonces Distrito Federal -hoy Ciudad de México-, sus titulares y el 23 de septiembre de ese mismo año, en Chihuahua se constituyó esta asociación y en Asamblea Constituyente aprobaron sus Estatutos (Acta Constitutiva). Dentro de sus objetivos están el fortalecer los principios de autonomía, independencia y autoridad moral; está dirigida por un Comité, que se compone de un Presidente, cuatro Vicepresidentes, un Secretario y un Tesorero, su elección será por mayoría de votos de los organismos presentes. En la mayoría de sus Congresos, la Federación ha hecho pronunciamientos importantes, a través de las “Declaraciones” que se emiten en cada evento.
Resulta importante el trabajo de esa asociación, puesto que la labor de las comisiones de derechos humanos es complicada y con altibajos y a veces incomprensiones, se requiere el esfuerzo de todos para cumplir con un compromiso de tal magnitud como es la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la impunidad, no es suficiente la legislación, ni siquiera la nobleza de sus objetivos, se hace necesario además, la eficiencia en el servicio, la voluntad política de las autoridades y la participación de la sociedad civil a través de sus grupos organizados; se deben fortalecer a estas comisiones que en mucho contribuyen con la vida democrática de un país, pues con su actuación en la recepción, trámite de las quejas y emisión de recomendaciones, realizan esa importantísima función de ser instrumentos de la democracia, y que el grado de perfección de estas comisiones como su existencia misma, va a depender de la vocación democrática y de la voluntad política del Gobernante en turno.
Preocupantes resultan las perspectivas de las comisiones públicas de derechos humanos, cuando es altamente cuestionada su labor, que ponen en riesgo su propia existencia, cuando enfrentan las severas restricciones presupuestarias impuestas por la crisis económica y austeridad presupuestal, cuando vemos que una decisión política traducida en reforma legal, puede acabar en unos cuantos minutos con estas instituciones, pero debemos luchar sin tregua por su supervivencia y consolidación.
No debemos bajar la guardia en esta tarea, es necesario continuar preparando el camino para lograr la cultura del respeto a los derechos humanos, este objetivo no se logrará si no se fortalecen y apoyan política y financieramente a estos organismos de derechos humanos, procuradurías, defensorías del pueblo o cualquier otra denominación que llegaren a tener, a efecto de que estén en posibilidad de cumplir cabalmente con su noble función.