Alina Navarrete Fernández/ Chilpancingo
Familiares de víctimas de violencia obstétrica, desaparición forzada y feminicidio denunciaron que las instituciones y órganos de Guerrero han fallado en las investigaciones, impartición de justicia y reparación del daño.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, organizó el Tercer Tribunal de Mujeres «Telar de historias…de sueños y tragedias», el cual se llevó a cabo en el auditorio del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), ubicado en el centro de la ciudad.
En el primer bloque, intervinieron familiares y víctimas de violencia de obstétrica como Adilene, cuyo parto fue atendido por una practicante de partería que al intentar sacar la placenta de su bebé, le quitó el útero; Nancy también vivió un parto sin los cuidados necesarios, los médicos prolongaron tanto el nacimiento de su hijo y sus dolores que el pequeño tiene un daño cerebral a consecuencia de las malas prácticas.
La familia de Lucrecia denunció que ella murió debido a la ineficiencia de la atención médica que recibió, cuando su esposo preguntó qué sucedió para que la mujer que fue intervenida por su parto no lograra salir con vida, uno de los doctores le contestó: “ya está muerta, ¿qué quiere que le diga?”
Estos casos ocurrieron en el Hospital de la Madre y el Niño Indígena Guerrerense y el Hospital General de Tlapa, ambos ubicados en esa ciudad.
En el Tribunal participaron como juezas la directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Rebeca Ramos Duarte, la abogada del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Miriam Pascual Jiménez, y la integrante del Comité de América Latina y el Caribe por la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), Martha Figueroa Mier.
A pesar de que fueron invitados a participar en el tribunal, de manera que las familias de las víctimas lograran obtener respuestas, el presidente del TSJ, Alberto López Celis, el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Jorge Zuriel de los Santos Barrila, y el titular de la Secretaría de Salud, Carlos de la Peña Pintos, no pudieron estar presentes debido a que se encontraban atendiendo otras reuniones.
Únicamente la Secretaría de Salud envió al director general de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Francisco Javier Guerra Zermeño; mientras que José Martínez Cruz acudió como representante de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), María del Rosario Piedra Ibarra, y llegó el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG), Ramón Navarrete Magdaleno.
En su intervención, Ramos Duarte reconoció el valor de las víctimas para dar a conocer lo que vivieron y que exigieran justicia; expresó que lo que les pasó “no es normal, es una violación a los derechos humanos, la muerte de Lucrecia, el parto de Nancy y los daños de su hijo, lo que sufrió Adilene, no debió haber pasado”.
Aseguró que el Estado está obligado a reparar los daños y dijo que hay acciones y medidas que la Secretaría de Salud puede tomar para disminuir lo que pasó; también resaltó que las Comisiones de Derechos Humanos, nacional y de Guerrero, tienen que investigar los hechos para saber qué pasó.
Guerra Zermeño comenzó su réplica diciendo que la salud “no es una ciencia perfecta y los actos médicos no deben criminalizarse porque los doctores no estudian para hacer daños”, tampoco deben relacionarse con casos de feminicidio porque la propia institución los condena.
Habló de que al año se dan 500 mil consultas y 350 mil intervenciones obstétricas de las cuales una cantidad pequeña presenta quejas; luego dijo que la transparencia le prohíbe hablar de los casos que se expusieron y pidió autorización para referir los expedientes, debido que “no se permite que casos abiertos tengan este tipo de publicidad”.
Añadió que la Contraloría Interna ya realiza la investigación correspondiente del primer caso; y del segundo dijo que hay una recomendación con 7 puntos de los que está pendiente el sexto, que es la reparación del daño.
También dijo que hasta ayer no habían tenido acercamiento con las víctimas de manera tan cercana; mientras que el tercer caso está en proceso y solo falta la reparación del daño.
Por otra parte, expuso que la dependencia oferta atención médica y psicológica para las víctimas y que tiene un diálogo permanente con Tlachinollan para atenderlas.
Ante la respuesta del funcionario, Verónica, mamá de Adilene, dijo que los doctores pretendían lavarse las manos y culparla de los hechos por eso fue que decidió no quedarse callada para evitar que lo que vivió su hija vuelva a ocurrir; además, objetó que las autoridades discriminan a los pobres e indígenas.
En el Segundo Bloque se expusieron los casos de Aurelia, Melanie, Isabel, Gabriela, Beatriz y Yulitzi, quienes fueron víctimas de feminicidio y desaparición forzada en distintos puntos de Guerrero, sus familiares trataron de dar los detalles de la manera en que perdieron a las mujeres sin poder evitar las lágrimas que les terminaban por cortar la voz; sin embargo, en esta parte del Tribunal no fue posible entablar el diálogo que se esperaba debido a la ausencia de las autoridades correspondientes.
Aurelia era una mujer de origen nahua, fue asesinada por su ex pareja mientras iba por las calles de su comunidad Ayotzinapa, municipio de Tlapa de Comonfort, iba con su hijo pequeño quien sobrevivió el ataque a balazos y ajeno a la situación se pegó al pecho de su madre muerta.
Su madre Francisca habló lo difícil que ha sido para ella continuar con su vida buscando justicia y atendiendo a sus nietos, sola.
Además, resaltó que Aurelia ya había denunciado ante las autoridades que era víctima de violencia pero nadie intervino, al igual que no hicieron nada cuando otras víctimas buscaron ayuda.
Ante los desgarradores testimonios, Martínez Cruz dijo que la CNDH trabajará para que las familias y las víctimas logren justicia en sus casos así como la reparación del daño; por su parte, Navarrete Magdaleno dijo que el órgano que preside también está al pendiente de los casos que se denuncian y del seguimiento correspondiente.
Sin embargo, para Pascual Jiménez en Guerrero la ley es letra muerta, lamentó que se den este tipo de situaciones y que las autoridades no estén trabajando para garantizar lo contrario.