In Memoriam al Lic. Jesús Memije Martínez, defensor de derechos humanos arteramente asesinado junto a su hijo Uriel Memije Ávila.
Hipólito Lugo Cortés
Expreso mi consternación por el artero crimen ocurrido hace pocos días en agravio del Lic. Jesús Memije Martínez, quien venía fungiendo como Delegado en la Costa Grande de Guerrero en la Comisión estatal de los Derechos Humanos y de su hijo Uriel Memije Ávila, cerca de la comunidad de Yetla municipio de Coyuca de Benitez, de donde eran originarios; de igual manera manifiesto mi preocupación por los actos de violencia y agresiones a las que se enfrentan las personas defensoras de derechos humanos de las organizaciones civiles, como el reciente caso de Teodomira Rosales Sierra y Manuel Olivares Hernández, del Centro de Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón,” circunstancia que se agrava cuando se trata de mujeres defensoras, pues además enfrentan ataques y riesgos relacionados con su género, como violencia sexual, amenazas y difamación.
Manifiesto mi solidaridad con el personal que integra la citada Comisión local de los Derechos Humanos, al que le guardo especial aprecio y reconocimiento, pues a pesar de las adversidades internas y externas no claudican en su delicada función de hacer vigentes los derechos humanos en Guerrero.
Las y los defensores de derechos humanos, sean de organismos públicos o de organizaciones de la sociedad civil, pertenecen a un grupo en situación de riesgo como consecuencia de la labor que realizan, las agresiones en su contra en muchas ocasiones son ejercidas en un contexto de violencia ya que defienden a las personas víctimas del abuso de poder, que los coloca en una situación de riesgo a su integridad física, seguridad personal y hasta de la propia vida, como pudiera ser el caso que aquí referimos.
Esa actividad que desarrollan los defensores es trascendental para avanzar en la consolidación de una sociedad democrática; por tanto, es necesario que el Estado Mexicano cumpla con sus compromisos internacionales para generar las condiciones óptimas de seguridad pública para que las personas defensoras de derechos humanos realicen sus actividades en un ambiente libre y seguro.
En el hecho lamentable del homicidio del Lic. Jesús Memije Martínez y de su hijo, es apremiante hacer un llamado urgente a las Fiscalías General de la República y a su homóloga del estado, para que de acuerdo a su ámbito de competencia, se agilice el esclarecimiento del deleznable homicidio, de acuerdo con los protocolos de investigación, para lo cual se deben agotar desde luego de manera prioritaria las líneas de investigación vinculadas con su actividad como defensor de derechos humanos, y llevar ante los tribunales a los perpetradores de este abominable delito, con miras a garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas directas e indirectas y de sus familiares.
Es oportuno mencionar que las agresiones en agravio de personas defensoras de derechos humanos han venido en aumentó en estos últimos 6 años, así lo documenta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), tenemos por ejemplo los siguientes datos:
A). Medidas Cautelares. Se han dictado en 184 casos, éstas se emiten para personas defensoras ante un riesgo inminente, con el fin de garantizar su seguridad e integridad física, así se han dictado en el año 2014, 4; 2015, 12; 2016, 28; 2017, 32; 2018, 45; y 2019, 63.
B). Homicidios. Tocante a las agresiones directas más graves de las que pueden ser víctimas las personas defensoras de derechos humanos son desde luego los homicidios, y de los datos de los que da cuenta el referido Organismo Nacional en su Informe Anual 2019, menciona que del año 2006 a diciembre de 2019, se han registrado un total de 49 homicidios, de los cuales 17 casos corresponden a mujeres, lo que equivale al 34.6%, de esos datos tan solo en el 2019 se registraron 9 homicidios de personas defensoras de derechos humanos.
Aspiramos transitar hacia una sociedad democrática donde los derechos humanos se ejerzan a plenitud, por lo cual resulta necesario que todas las autoridades de los tres niveles de gobierno den vigencia al imperativo constitucional plasmado en el párrafo tercero del artículo 1º de nuestra Carta Magna, y dentro del ámbito de sus competencias promuevan, respeten, protejan y garanticen los derechos humanos; a la par de establecer políticas públicas para prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos; y que las agresiones en contra de las personas defensoras se investiguen bajo una perspectiva diferenciada y evitar que hechos como el que aquí se aborda queden en la impunidad, pues ésta es la puerta que abre la posibilidad de que los hechos de violencia se repitan; concatenado a emprender acciones proactivas relacionadas con la labor que realizan las personas defensoras de derechos humanos, para su protección y prevenir su criminalización.