Ángel Galeana/Chilpancingo
Ejidatarios de la comunidad de Carrizalillo hicieron un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador y al gobernador Héctor Astudillo Flores a que no intervengan en la mediación del conflicto que tienen con la minera Equinox Gold, puesto que ellos no la han pedido, sin embargo, les pidieron sí estar pendientes para «castigar» a la empresa.
A través de un comunicado firmado por la Mesa Agraria del Ejido de Carrizalillo y distribuido por la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), los ejidatarios agradecieron las declaraciones que ayer hicieron el presidente López Obrador y el gobernador Astudillo Flores, pero señalaron que por el momento no es necesaria su intervención.
«Le decimos que por el momento no es necesaria su participación porque nosotros no la hemos solicitado y, por el momento, no la necesitamos y esperamos no recurrir a ella, porque este proceso únicamente nos corresponde al ejido y a la empresa y hay una simple razón para ello; no permitiremos que esta empresa canadiense viole e incumpla sus actos que ha formado con nosotros. Sin embargo, sí les pedimos que estén pendientes para castigar a quienes nos maltratan como mexicanos», expresaron.
Ayer, el presidente López Obrador dijo que su gobierno intervendría en la solución del conflicto y que no permitiría que las empresas mineras siguieran actuando como «les diera la gana», tal y como lo hicieron en sexenios pasados, y el gobernador Héctor Astudillo dijo que el diálogo debería ser la forma de sacar adelante el problema procurando que se respetaran las posiciones de ambas partes.
Por otro lado, los ejidatarios denunciaron que ayer un grupo de soldados realizó un operativo en la zona donde los pobladores tienen su plantón, acción que dijeron, les genera sospechas al ser un acto de intimidación.
Señalaron que los pobladores no tienen ningún problema con que corporaciones de seguridad realicen operativos pero pidieron ser avisados para no crear condiciones de miedo, pánico o confrontación.
Los ejidatarios subrayaron que no están en contra de la actividad minera y que cada acuerdo que han firmado por la explotación de sus tierras ha sido justos para alcanzar «micro mejoras» que compensen los daños ambientales de su ecosistema.
«Nuestra lucha es simple. Se canceló el convenio por incumplimiento y ahora esta empresa tiene interés de renovarlo, nosotros estamos listos pero no a costa de recibir desprecio, racismo y soberbia. Si cerramos la operación fue por el incumplimiento del convenio por parte de la empresa y ya se acabó el tiempo para revisarlo conforme se había elaborado con vigencia del 2019 al 2025», se lee en el documento.
Señalaron que si la presencia del presidente o la del gobernador es requerida la solicitarán pero para castigar a la empresa y detener a sus representantes no «para mediar la violación de derechos».