Ángel Galeana/Chilpancingo
Integrantes de las cinco casas de justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) marcharon en Chilpancingo y protestaron en el Congreso del estado para exigir a los diputados que dictaminen y aprueben la llamada reforma indígena.
Alrededor de mil personas iniciaron la marcha en la estatua de Nicolás Bravo, en la zona norte de Chilpancingo. Avanzaron por las avenidas, Insurgentes, Benito Juárez, Ignacio Ramírez y Lázaro Cárdenas hasta las instalaciones del Congreso local.
La marcha se desarrolló de manera pacífica por espacio de hora y media. Participaron integrantes de la CRAC y fueron respaldados por maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG).
Los inconformes exigen que se apruebe la llamada Ley Indígena presentada por diputados de Morena, en la cual se pretenden modificar artículos a la segunda sección de la Constitución local sobre derechos de pueblos indígenas y afromexicanos.
La iniciativa busca conservar, fortalecer y desarrollar sistemas normativos para la regulación y solución de los conflictos en sus territorios; garantizar la participación activa de las mujeres en los cargos públicos de manera prioritaria; acceder al uso y disfrute colectivo de tierras, territorios y recursos naturales; reconocimiento oficial de las lenguas Nahua, Tu’un Savi, Me’ Phaa, Ñ’omndaa y del Pueblo Afromexicano.
También les otorga el derecho a proteger, preservar y conservar la integridad de sus tierras, territorios, medio ambiente, hábitat y recursos naturales; derechos culturales, económicos y sociales, entre otros.
La iniciativa fue presentada el pasado 17 de diciembre y turnada a la Comisión de Asuntos Constirucionales y Jurídicos, la cual preside el perredista Bernardo Ortega Jiménez.
Durante su mitin a las afueras del Congreso, el integrante de la CRAC, Sabas Aburto Espinobarro, dijo que se concentraron en Chilpancingo para exigir que se restituyan sus derechos como pueblos indígenas y policías comunitarias, los cuales les fueron quitados, consideró, en pasadas modificaciones legislativas, como la reforma de 2018 promovida por el gobernador Héctor Astutillo Flores, en la que se limitaron sus atribuciones de seguridad y justicia.
Cabe recordar la reforma de 2018 fue invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación por que no se cumplieron las consultas necesarias para su realización.
Al interior del Congreso estaban los diputados de Morena Luis Enrique Ríos Saucedo, Aristóteles Tito Arroyo, Mariana García Guillen, Norma Otilia Hernández Martínez, Nilsan Hilario Mendoza, Moisés Reyes Sandoval, Arturo Martínez Núñez, Marco Antonio Cabada Arias, Blanca Celene Armenta Piza, Perla Xóchitl García Silva, y Yoloczin Domínguez Serna, quienes salieron a escuchar las demandas.
Uno de los principales promoventes de la iniciativa, el diputado Aristóteles Tito Arroyo, recordó a los inconformes que desde diciembre presentaron la modificación, y acusó que quienes no la han dictaminado son los integrantes de la Comisión legislativa a la que fue turnada, la cual, dijo, preside un perredista, sin especificar el nombre del diputado.
Dijo que la Comisión les ha puesto a los diputados promoventes una serie de trabas para dictaminar, entre ellas, documentación probatoria y certificada de los 10 foros de consulta que se realizaron en comunidades con población indígena, la cual ya entregaron.
El diputado Luis Enrique Ríos Saucedo pidió confianza a los manifestantes y les advirtió que es probable que la lucha que llevan tenga más obstáculos, sin embargo, dijo que van en buena ruta.
Tras los posicionamientos, una comisión de manifestante ingresó al Congreso para sostener una reunión privada con diputados de Morena, en la que les darían a conocer los avances legales y políticos que llevan de la iniciativa.