Alina Navarrete Fernández/Chilpancingo, Gro.
Entre enero y agosto de este año, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan documentó 19 casos de muertes violentas de mujeres en esa zona de Guerrero, 11 más que en el mismo periodo de 2019, “lo que implica un aumento exponencial”.
Lo anterior se expuso en el XXVI Informe de Actividades “Como una noche sin estrellas”, que comprende el periodo de septiembre 2019 a octubre de 2020, el cual presentaron este lunes, de manera virtual, el director Abel Barrera Hernández y el abogado Vidulfo Rosales Sierra.
Jesús Peña Palacios, Representante Adjunto en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, el periodista Luis Navarro Hernández y la Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional, Tania Reneaum Panszi, intervinieron en la presentación como comentaristas del informe.
Para Tania Reneaum el informe es más bien “una biografía de la tragedia” que da cuenta de las fallas y las ausencias del Estado; Jesús Peña señaló que Tlachinollan ha hecho un gran esfuerzo por documentar los impactos de la pandemia, pues si bien “el virus (SARS-CoV-2) no discrimina” sus estragos “sí son diferenciados”.
Luis Navarro consideró el informe como “una obra formidable” con unas descripciones de la precarización de Tlapa y de cómo la delincuencia organizada ha avanzado, controlando negocios e inmuebles para transformarlos en casas de seguridad, que dan cuenta de cómo el Estado ha sido captado por el crimen.
El informe que contiene un total de 398 páginas y se divide en 16 segmentos que abordan la violencia contra las mujeres, violaciones a derechos humanos, las muertes por Covid-19 de 63 personas de origen indígena y distintos municipios de la Montaña que radicaban en Estados Unidos; además de los asesinatos del luchador social Ranferi Hernández Acevedo y su familia, así como el del defensor comunitario, Arnulfo Cerón Soriano.
A los casos de feminicidio documentados por Tlachinollan se suman 14 de agresiones sexuales, registradas entre marzo y noviembre de este año. La mayoría de las víctimas son niñas indígenas, cuyas edades van desde los 9 hasta los 16 años; en varios casos, los agresores fueron sus padres.
Tlachinollan asistió un total de 158 casos de violencia de género, de los cuales 52 fueron de violencia física, 39 de violencia psicoemocional; 6 de violencia sexual y 62 sobre violencia económica. De las víctimas atendidas 282 mujeres se identificaron como indígenas. Del pueblo Me’phaa se registraron 51 casos; del Naua, 85; del Na’Savi, 146 mujeres y sólo 86 fueron mujeres mestizas.
De los casos atendidos, 17 se denunciaron la Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos Sexuales y Violencias Familiar, mientras que en el Ministerio Público del Fuero Común se denunció la desaparición de 6 mujeres, un homicidio de madre e hija, 3 violaciones sexuales y otro número igual por violencia familiar.
Adema de un denuncia por violencia obstétrica; otra por incumplimiento de las obligaciones alimentarias; una más por sustracción de menores y otra por extorción. Sin embargo, de acuerdo con el informe del International Crisis Group (citado por Tlachinollan) la tasa de impunidad para homicidios en Guerrero es del 96%, la tercera más alta a nivel nacional.
Lo que demuestra que la impunidad en el estado prevalece, permitiendo que todos los crímenes se repliquen en todas las regiones y que, a pesar de la disminución de la incidencia delictiva, Guerrero esté entre las entidades más violentas de México.
Por otra parte, la pandemia no sólo obstaculizó el trabajo para la defensa de los derechos humanos sino que también agravó la situación de violencia, de las mujeres en particular. “Durante el confinamiento decretado por las autoridades sanitarias la violencia feminicida no cesó”, explica Tlachinollan en el informe en el que da cuenta de los casos.
El Covid-19 “se expandió hasta lo más recóndito de la Montaña”, pues en los 19 municipios que conforman la región se tiene registros de defunciones a consecuencia de esa enfermedad viral y “que no tuvieron la oportunidad de ser atendidas por un médico, mucho menos de realizarse la prueba PCR, ante la carencia de personal médico e instalaciones de salud”.
Según Tlachinollan, en la Montaña se le apostó más a los remedios caseros y al confinamiento comunitario para enfrentar la pandemia debido a la falta de condiciones para atender a las personas con síntomas.
“Este escenario nos hace refrendar nuestra labor y el compromiso para contribuir a que los derechos humanos no solo se plasmen en las leyes sino que los pueblos Me’phaa, Na’Savi, Nauas, Ñomndaa y Mestizos de la Montaña y Costa Chica de Guerrero pueda palparlos y considerarlos una realidad”, concluye el informe.