Ángel Galeana/Chilpancingo
El asesinato de cuatro indígenas del poblado de Alcozacán, perteneciente a Chilapa, provocó que cientos de habitantes bloquearan la carretera Chilapa-José Joaquín de Herrera, para exigir justicia y seguridad a las autoridades de los tres niveles de gobierno.
Alrededor de las 10 de la mañana comenzó el bloqueo en Alcozacán, comunidad azotada por la violencia en los últimos años. En enero de este 2020 fueron asesinados 10 pobladores que en principio fueron identificados como músicos, y días después marcharon los niños convertidos en Policías Comunitarios.
Salieron a manifestarse para exigir que las autoridades hagan justicia por el crimen de dos hombres y dos mujeres ocurridos el pasado sábado. Las víctimas eran María Agustín Chino, Amalia Morales Huapango, José Benito Migueleño y Miguel Migueleño, todos parte de una familia e integrantes del Consejo Indígena Popular de Guerrero- Emiliano Zapata (CIPOG-EZ).
Habían sido raptados el viernes, según la organización a la que pertenecen, y fueron torturados y asesinados el sábado con un «tiro de gracia».
Las víctimas fueron sepultadas la tarde de este lunes. Los pobladores acompañaron el cortejo con algunas cartulinas en las que exigian seguridad a la Comisión Interamericana de Derehos Humanos y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
El CIPOG-EZ publicó un comunicado en el que advierten que a partir de este lunes colocarán filtros de revisión en su territorio y determinaron que continuarán realizando movilizaciones, cierres carreteros y las acciones que consideren necesarias para exigir justicia.
Responsabilizaron de los ataques al grupo delictivo de Los Ardillos, y acusaron de cómplices al gobierno federal y estatal, encabezados por Andrés Manuel López Obrador y Héctor Astudillo Flores, respectivamente.
Recordaron que el 18 de noviembre pasado realizaron una protesta para «romper» un cerco de inseguridad que pusieron Los Ardillos, y un mes después están iniciando los crímenes en contra de la población.
«Un mes después reinician los asesinatos, y la impunidad de la que gozan «Los Ardillos» como una señal clara, aquí ya no existen los derechos humanos, no existen ni leyes, ni legalidad alguna, el Estado no está ausente, es cómplice y busca nuestra muerte porque le estorbamos», señala el comunicado de la CIPOG-EZ.