Hipólito Lugo Cortés tiene una licenciatura en Derecho, maestría en Ciencias, Área de Derecho Público, y estudios de doctorado en Derechos Humanos. Es visitador de la Oficina en Guerrero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Fue secretario ejecutivo, secretario técnico, visitador general, y presidente del Comité para la Investigación de la Desaparición Forzada de Personas. También se desempeñó como presidente interino en la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero
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En este mes se cumple un año del inicio de la pandemia en México, a esa distancia, en días recientes se ha iniciado en nuestro país la vacunación de personas mayores de sesenta años, para lo cual se implementó un registro en línea; es así que el pasado fin de semana se inició la vacunación de este sector en el municipio de Eduardo Neri, Guerrero.
Bienvenida esta acción, lo negativo resultan las inconformidades que se originaron ante las largas filas y por el tiempo prolongado que tienen que esperar, sufriendo las inclemencias del tiempo; otra de las molestias referidas por los habitantes de ese lugar, se originó porque las autoridades de salud suspendieron la vacunación bajo el argumento de que ya no había personas de ese grupo en situación de vulnerabilidad, lo que refutaron los pobladores que no era cierto, y trasladaron las vacunas a Chilpancingo, Guerrero, para su aplicación.
Otra nota incongruente lo es el comunicado de las autoridades sanitarias que anunciaba que llegaría la vacuna y se aplicaría precisamente a los adultos mayores en la capital del estado los días 4, 5 y 6 de este mes; lo reprochable es que posteriormente se emite comunicación de que “se difiere hasta nuevo aviso y de lo cual hay que estar atentos”; circunstancia que el gobierno del estado precisó que se trata de una medida que tomó la Federación por “cuestión logística”. Tales irregularidades enunciadas no son exclusivas de Guerrero, lamentablemente también se han presentado en otros lugares del país.
Si bien es cierto, que estamos frente a una experiencia inédita, también lo es, que nuestros adultos mayores requieren un trato serio y responsable por parte del Estado Mexicano, -sea el estado o federación-, un trato respetuoso de los derechos humanos y se eviten conductas que violenten la dignidad de todas las personas.
No hay duda de que la pandemia nos presenta un contexto muy complejo y demanda la coordinación de todas las instituciones mexicanas para poder cumplir las obligaciones constitucionales y de manera irrestricta dar vigencia al derecho de las personas a la salud.
Es nuestra aspiración de que en realidad se garantice a los adultos mayores el derecho constitucional a la salud y el acceso universal y gratuito a la vacunación contra el Virus SARS-CoV-2, de acuerdo con la Política Nacional de Vacunación, de manera prioritaria a aquellas personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad y aquí deben aplicarse las secretarías de salud federal y estatales.