Carlos Navarrete Romero/ Chilpancingo, Gro.
Pobladores desplazados desde 2018 de la comunidad de San Felipe, perteneciente al municipio de Apaxtla de Castrejón, solicitaron al gobierno del estado cumplir su compromiso de aportar las tres quintas partes del costo de un predio para que sean reubicados.
En conferencia de prensa en Chilpancingo, donde estuvieron acompañados por el diputado local de Morena, Luis Enrique Ríos Saucedo, los desplazados expresaron que no existen condiciones de seguridad para regresar a su comunidad.
En su intervención, Teófilo Pereira Castañeda, comisario de San Felipe, explicó que el 7 de diciembre del año pasado sostuvieron una reunión con el titular se la Secretaría General de Gobierno, Florencio Salazar Adame, a quien le expusieron su situación.
Indicó que en ese encuentro, el funcionario se comprometió a que el gobierno del estado aportaría en la última semana de enero las tres quintas partes del costo de un predio que ya tenían ubicado y apalabrado con la propietaria, mientras que el municipio aportaría una quinta parte y Ríos Saucedo otra quinta parte.
Sin embargo, señaló que hasta este día siguen sin recibir el apoyo, razón por la que la propietaria del predio ya vendió a otros compradores.
Indicó que son un total de 56 familias de San Felipe las que abandonaron la comunidad por miedo, pues el poblado se localiza en una zona que es límite entre dos grupos de la delincuencia organizada.
Dijo que la mayoría de los desplazados vive con familiares, pues no reciben apoyos de las autoridades para pagar una renta.
Por su cuenta, el diputado Luis Enrique Ríos, explicó que ya fue ubicado otro predio que cumple con las características necesarias para que los pobladores de San Felipe sean reubicados.
Indicó que existe la preocupación de que el actual gobierno estatal concluya su periodo y el tema no sea resuelto, por lo que decidió acompañar en la conferencia de prensa, a fin de ejercer presión a las autoridades.
“Pedimos que el secretario de gobierno y el gobernador atiendan esta petición que no es excesiva y nos parece humanitario. Son 56 familias y nuestra preocupación es que está por concluir la administración y no quisiéramos que esto quede en el olvido”.
Finalmente, dijo que el pretexto de las autoridades para no liberar los recursos fue la pandemia por COVID-19 y después el proceso electoral.
“Ahorita ya no hay respuesta, hemos estado llamando y no se les atiende, nos responden trabajadores que no nos pueden dar el recurso. Tengo la confianza porque cuando nos acercamos al secretario de gobierno hubo sensibilidad, el secretario fue contundente”.