La LXII Legislatura aprobó reformas al Código Penal del estado para imponer de seis a doce años de prisión y de tres mil a nueve mil quinientos días de multa de la Unidad de Medida de Actualización, a quien de manera individual o colectiva pretenda, mediante el uso de la violencia y actos intimidatorios, poseer, usar u ocupar temporal o permanentemente el domicilio, patrimonio, posesiones y viviendas de una persona o grupo, ocasionando el abandono de éstos.
Esta reforma y adición se dieron en el capítulo de Delitos de Desplazamiento Interno Forzado, resaltando que dicha penalidad aumentará al doble cuando se cometa en contra de grupos vulnerables, entre ellos niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, personas con capacidades diferentes, periodistas y defensores de los derechos humanos.
El delito de desplazamiento interno forzado y su comprobación requerirá de querella y deberá ser perseguido por la autoridad ministerial respectiva, por ser un asunto de orden público e interés social, y no se entenderá por desplazamiento interno forzado el movimiento de población que realice la autoridad cuando tenga por objeto la seguridad de las personas.
La Comisión de Justicia coincidió con la diputada promovente Mariana García Guillen, de Morena, en la necesidad de estas adecuaciones al Código Penal para dejar en claro la presunción del supuesto jurídico que implica el acto intimidatorio y violento del desplazamiento interno forzado, y sea más comprensible el lenguaje en la materia penal, para no dejar lagunas y con el firme propósito de erradicar este fenómeno social.
De acuerdo con el reporte anual de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Guerrero superó a Chiapas, Michoacán, Oaxaca y Sinaloa en la incidencia de este delito, dejándolo como el estado de la República Mexicana donde más personas se desplazan de sus hogares debido a conflictos violentos suscitados desde el año 2018.
Esta situación que ha obligado más de 5 mil personas a dejar sus hogares en al menos 22 comunidades de ocho municipios de Guerrero -San Miguel Totolapan, Leonardo Bravo, Eduardo Neri, Zitlala, Apaxtla, Ajuchitlán del Progreso, Petatlán y La Unión- ha sido por agresiones directas y enfrentamientos de grupos delictivos.
Se refiere que las víctimas de desplazamiento son por lo general niños, niñas y adolescentes, indígenas, estudiantes, profesionistas, adultos mayores, campesinos, pequeños propietarios de negocios, empresarios, activistas, periodistas, defensores de derechos humanos, funcionarios públicos y mayoritariamente mujeres, madres de familia que ante eventos de violencia se ven obligadas a huir con la finalidad de salvaguardar su vida y la del resto de su familia.
Por todo lo anterior, la Comisión de Justicia dictaminó la iniciativa de reforma al Código Penal para crear un marco jurídico que atienda, proteja y asista las necesidades especiales de las personas desplazadas.