Alina Navarrete Fernández/Chilpancingo, Gro.
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, “no puede o no tiene voluntad política para generar las condiciones de seguridad” para que las familias desplazas a consecuencia de la violencia en los municipios de Leonardo Bravo (Chichihualco) y Zitlala regresen a sus hogares, así expresó el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón”.
A través de un comunicado difundido a 10 días de la instalación del platón afuera de la Secretaría de Gobernación, en la Ciudad de México, las familias desplazadas recordaron que no se han cumplido los acuerdos pactados el pasado 7 de abril.
Señalaron que, en representación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luciana Montaño Pomposo “se comprometió a que inmediatamente, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas Federal, les daría la calidad de víctimas a todas las familias que sufren Desplazamiento Forzado Interno”.
Mientras que personal de Gobernación, Seguridad Pública y Atención Ciudadana se comprometió a ubicar lugares seguros para reubicar a los desplazados, “ante la imposibilidad de retornarlos a sus comunidades de origen”.
No obstante, “a seis meses de este compromiso no se ha otorgado la calidad de víctimas y no tenemos ninguna información de los avances que hay en cuanto a la reubicación”.
En tanto, al interior de la CNDH “se deja ver una crisis institucional ya que se ha permitido que ciudadanas intervengan en la toma de decisiones en cuanto a imponer una forma discrecional en la atención de las víctimas, con la única intención de dividir a todos los colectivos de víctimas”.
Detallaron que el plantón se instaló debido a que la CNDH entregó recursos económicos y materiales a María Dora Ramírez, quien estaba a cargo de su caso, para que fuera ella quien decidiera a quién se le brindaría atención y a quien no.
Los desplazados que participan en el plantón son originarios Leonardo Bravo y la comunidad indígena nahua de Tlaltempanapa, municipio de Zitlala, y “en un acto de prepotencia y soberbia”, la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, “tomó la decisión de fincarnos responsabilidades penales iniciando una carpeta de investigación en contra de varias personas”, entre ellas, la directora del Centro Morelos, Teodomira Rosales Sierra, quien representa a las familias desplazadas y de personas desaparecidas, aglutinadas en el Colectivo de Víctimas de Chilapa y Pueblos Indígenas.
Puntualizaron que a las personas denunciadas se les acusa de robo y destrucción de documentación, “incluso de terrorismo, cuando todos saben muy bien que nuestra dignidad y la legitimad de nuestra lucha y justas demandas, no nos permite la realización de acciones que echen por tierra los avances y la comunicación que mantenemos con las instituciones federales”.
Ante este panorama, los desplazados afirmaron que, “a pesar de la muestra del poder del Estado en el desfile del 16 de septiembre”, el gobierno de López Obrador no ha generado condiciones para que puedan regresar a sus comunidades.
“Hay mucha resistencia para otorgar la calidad de víctimas a quienes tuvieron que abandonar todo para salvar su vida. Estamos a mitad del sexenio y cada vez será más difícil que resuelvan nuestras demandas”.
Manifestaron que el foco rojo que representa el Desplazamiento Forzado Interno “irá creciendo en la medida en que se acerque el fin de sexenio”; al igual que “la limpieza” de defensoras, defensores de derechos humanos, periodistas “y de todos los temas que sean incómodos para el Estado, para lo cual se incorpora a la Guardia Nacional al Ejército y se fortalecen los grupos de narco paramilitares”.
Finalmente, exigieron a las autoridades que cese el hostigamiento, la revictimización y paren la judicialización de su lucha social.