Hipólito Lugo Cortés tiene una licenciatura en Derecho, maestría en Ciencias, Área de Derecho Público, y estudios de doctorado en Derechos Humanos. Es visitador de la Oficina en Guerrero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Fue secretario ejecutivo, secretario técnico, visitador general, y presidente del Comité para la Investigación de la Desaparición Forzada de Personas. También se desempeñó como presidente interino en la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero.
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En plena evolución del huracán Rick, el presidente de la república visitó la Montaña, Costa Chica y Acapulco, y reiteró que continuará brindando apoyo a los estados del sur, Chiapas, Oaxaca y Guerrero.
Se debe tener en cuenta que México, como un estado nación está conformado en una federación, de la que Guerrero forma parte; luego entonces, se comparten obligaciones entre los poderes federales y los poderes estatales que están definidas desde la constitución política, legislación y hasta llegar a los acuerdos entre la federación y los estados, por los que se determinan los alcances que cada nivel de gobierno tiene para cumplir las obligaciones del estado mexicano en la realización de los derechos humanos, incluido el derecho al desarrollo.
Guerrero es uno de los estados más atrasados del país, no podemos compararnos con las entidades del norte, que presentan tasas de crecimiento aceptables; así, de acuerdo con el índice de desarrollo humano (IDH) en las distintas regiones del estado dan como resultado una realidad contrastante, por ejemplo, el IDH de 0.420 de Cochoapa el Grande, lo convierte en el municipio más pobre, comparado incluso con la pobreza imperante en los países de áfrica, como Burundi, colindante a Ruanda, Tanzania y el Congo.
Con base en ese poco nivel de desarrollo, sin duda que hace que Guerrero tenga una elevada dependencia de los recursos federales; por lo que con el compromiso de apoyo del presidente, seguramente se verá beneficiado por el probable aumento de los ingresos provenientes del gobierno federal; es necesario el apoyo, ya era tiempo de que la federación empiece a saldar esa deuda pendiente con Guerrero y volteara la mirada al sur para incorporarnos al desarrollo del país; parece que así se vislumbra con las constantes visitas del ejecutivo federal.
Lo anterior sería además congruente con uno de los objetivos más importante del gobierno de la denominada “Cuarta Transformación”, que se fija como meta que en el 2024 la población de México esté viviendo en un entorno de bienestar; se aspira a que en ese último año del sexenio habrá cesado la emigración de mexicanos al exterior por causas de necesidad laboral, inseguridad y falta de perspectivas; estatus muy lejano de alcanzar, ya que de acuerdo con el consejo nacional de evaluación de la política de desarrollo social (CONEVAL), la población de Guerrero en el año pasado se conformaba por el 66.4% en situación de pobreza, mientras que el 25.5% en pobreza extrema, con evidente rezago educativo y carencias sociales de acceso a la alimentación nutritiva y de calidad, a la salud, seguridad social y vivienda, pero no quiero ser pesimista, ojalá se cumpla este objetivo.
Así también, el reto de la nueva administración gubernamental de Guerrero viene a ser el redefinir y orientar programas y recursos con un enfoque intercultural que propicie la participación plena de los pueblos indígenas, con miras a fortalecer especialmente el desarrollo social, la educación y salud, entre otros; debe asumir el compromiso de asignar el máximo de recursos disponibles para la realización de los derechos humanos de las y los guerrerenses, de la población más vulnerable como la indígena, lo que significará hacer el esfuerzo para asegurar la satisfacción de sus más elementales necesidades.
Debe tenerse como finalidad el propiciar una política económica que logre un crecimiento que genere empleos y se procure incorporar en el mercado laboral a la población indígena, dada su evidente situación de vulnerabilidad, que le permita desarrollar sus aspiraciones y mejorar sus condiciones de vida participando activamente en la economía; con lo cual se permitirá mejorar su calidad de vida e incidirá en combatir las causas de la migración.
Logrando lo anterior, se haría una realidad la aspiración de naciones unidas de que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios…”
Por ello, ojalá que la nueva gobernadora en el plan estatal de desarrollo promueva la participación de la población indígena en la discusión y diseño de políticas generales, y centre su atención en mejorar las condiciones de vida de la población que padece marginación, exclusión social y viven en pobreza, e instrumente políticas públicas orientadas a su abatimiento, sobre la base de la promoción de procesos de desarrollo económico sustentable, es de justicia.