Alina Navarrete Fernández/Chilpancingo, Gro.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan documentó graves maltratos, olvidos y discriminaciones por parte de autoridades, patrones y mayordomos a jornaleros indígenas migrantes en esa región de Guerrero, en el año 2020.
Abel Barrera Hernández, director del Centro, resaltó que hay una “ausencia” de autoridades y presentó un informe de la situación de los jornaleros en una conferencia virtual, en la que indicó que el año pasado, a pesar de la pandemia, familias de Cochoapa El Grande, Tlapa de Comonfort y Metlatónoc se vieron obligadas a migrar para sostener su precaria economía.
Tlachinollan registró que un total de 15 mil 423 personas migraron en el 2020, de las cuales 7 mil 669 son mujeres jóvenes y adultas mayores, incluso niñas; mientras que 7 mil 754 son hombres.
En lo que va de este año suman 10 mil 572 personas migrantes; es decir, en los últimos dos años, más de 25 mil indígenas salieron de sus casas para trasladarse a los campos agrícolas de Sinaloa y otros estados del país, como Chihuahua, Michoacán, Zacatecas y Baja California.
“Son desplazamientos muy lejanos donde están los niños, las niñas, las madres embarazadas, las madres trabajadoras y son, en verdad, una gran población que se va sin ningún respaldo institucional, sin ningún registro”, dijo.
En ese sentido, resaltó que las cifras presentadas corresponden al trabajo hecho por Tlachinollan, no a registros oficiales del Gobierno del Estado; para documentar los casos participaron voluntarios, becarios e integrantes del Consejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña, como Miguel Martínez y Aureliana Díaz, ambos de la comunidad náhuatl de Chiepetepec, municipio de Tlapa de Comonfort.
Abel Barrera recordó que en gobiernos pasados se creó una Comisión Interinstitucional para brindar atención a las familias de jornaleros indígenas, pero actualmente “no hemos encontrado eco de parte de las autoridades” para continuar con las actividades correspondientes.
Señaló que un número mínimo de jornaleros indígenas tiene acceso a los programas a cargo de la Secretaría de Bienestar, como el apoyo a adultos mayores, madres solteras, fertilizantes; entre otros.
“Estamos ante una situación donde los programas no están llegando a la población jornalera, nos han dicho los jóvenes que trabajan como Servidores de la Nación que solamente registran en las comunidades y obviamente al no encontrar a las familias en sus comunidades, automáticamente quedan fuera, se necesita implementar un mecanismo que registre a la población jornalera donde se está desempeñando como trabajador agrícola”, puntualizó.
Miguel Martínez declaró que desde que se dio el cambio en los gobiernos municipales, los nuevos alcaldes no se han acercado a los jornaleros indígenas para atender sus necesidades, por lo que pidió a las autoridades visitar la Casa del Jornalero, debido a que las instalaciones necesitan ser renovadas y equipadas para el uso de las familias que se alistan para migrar.
Por su parte, Aureliana Díaz contó que durante muchos años se ha dedicado a trabajar cortando ejotes en campos de Morelos; su esposo falleció en un accidente, por lo que pasó a ser la única responsable del sustento de sus cuatro hijos. “Nadie nos apoya”, expresó.
Finalmente, Abel Barrera reiteró su llamado a las autoridades a que atiendan la situación de los jornaleros que atraviesan por situaciones “muy graves”, por lo que necesitan servicios públicos de salud, alimentación, hospedería, de agua y particularmente, atención a mujeres, niñas y niños.